Un juez decidirá el viernes si procede con las audiencias de resentencia para Erik y Lyle Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres, ante la oposición del nuevo fiscal de distrito de Los Ángeles a su liberación tras 30 años en prisión.
Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a los 18 y 21 años, respectivamente, tras ser declarados culpables del asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su casa de Beverly Hills en 1989. Si bien la defensa argumentó que actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual por parte de su padre, la fiscalía afirmó que los hermanos asesinaron a sus padres por una herencia multimillonaria.
El anterior fiscal de distrito progresista del condado de Los Ángeles, George Gascón, solicitó una resentencia para los hermanos antes de perder la reelección en noviembre ante el candidato de línea dura Nathan Hochman. Gascón había solicitado a un juez que cambiara la sentencia de los hermanos a entre 50 años y cadena perpetua, lo que los haría inmediatamente elegibles para la liberación bajo la ley de California, ya que cometieron el delito cuando eran menores de 26 años.
Pero el mes pasado, Hochman presentó una moción para retirar dicha solicitud, argumentando que no apoyaba la resentencia de los hermanos porque no habían admitido las mentiras que dijeron durante el desarrollo del caso sobre por qué asesinaron a sus padres y no habían "reconocido, reconocido y aceptado plenamente la responsabilidad" por su crimen.
El viernes, el tribunal decidirá si permite a la fiscalía retirar su moción de resentencia. De ser aprobada, el juez también decidirá si procede de forma independiente con las audiencias de resentencia de los hermanos, programadas tentativamente para el 17 y 18 de abril.
La oposición del fiscal de distrito representa un obstáculo importante para los hermanos, cuyo camino hacia la resentencia estaba prácticamente asegurado con el apoyo de Gascón.
La relación de la familia con Hochman también se ha deteriorado. La mayoría de los familiares de los hermanos apoyan la resentencia. Milton Andersen, hermano de Kitty Menéndez y el único familiar que se opuso a su liberación, falleció el mes pasado.
Tamara Goodall, prima de los hermanos, presentó una queja ante el estado solicitando la exclusión de Hochman del caso, alegando su parcialidad contra los hermanos y alegando que violó una ley destinada a proteger los derechos de las víctimas.
Hochman mantuvo un tono hostil, despectivo y condescendiente en las reuniones con la familia y creó un ambiente intimidante y acosador, escribió Goodall.
En su respuesta a la moción del fiscal de distrito para retirar la solicitud de resentencia, los abogados de los hermanos Menéndez cuestionaron si Hochman tenía razones legítimas para hacerlo o si se vio influenciado por un cambio de rumbo político.
Los abogados señalaron que Hochman degradó a Nancy Theberge y Brock Lunsford, los dos fiscales adjuntos que presentaron la moción original de resentencia. Desde entonces, Theberge y Lunsford han presentado demandas contra Hochman alegando acoso, discriminación y represalias por su trabajo en el caso de los hermanos Menéndez.
"La ley exige justicia, no venganzas personales", declaró Anamaria Baralt, prima de los hermanos. "Erik y Lyle no solo han asumido su responsabilidad, sino que se han convertido en el tipo de hombres que este sistema debería ayudar a formar. Si la rehabilitación no importa aquí, ¿cuándo lo hará?".
La oficina de Hochman negó cualquier influencia política en su toma de decisiones en su respuesta y reafirmó su postura de que Erik y Lyle Menéndez "inventaron su alegato de defensa propia" en el asesinato de sus padres y no habían logrado una rehabilitación completa.
Sin una resentencia, los hermanos aún tendrían otras dos vías hacia la libertad. Han presentado una solicitud de clemencia al gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha ordenado a la junta estatal de libertad condicional que investigue si los hermanos representarían un riesgo público si son liberados. La junta de libertad condicional tiene previsto celebrar sus audiencias finales el 13 de junio.
Los hermanos también presentaron una petición de hábeas corpus en mayo de 2023, solicitando al tribunal que les concediera un nuevo juicio a la luz de las nuevas pruebas presentadas. La oficina de Hochman también presentó una moción oponiéndose a la petición.
