Un grupo de exempleadas de almacenes de Amazon presentó una demanda contra la empresa por discriminar de manera sistemática a las trabajadoras embarazadas, acusando al gigante del comercio electrónico de negarles adaptaciones básicas y de penalizar a algunas que tomaron descansos para extraerse leche o tiempo libre para visitas al hospital.
Las cuatro demandantes presentaron el martes una propuesta de demanda colectiva a escala nacional en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, y acusaron a Amazon de violar la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas de 2022, que exige que los empleadores con 15 o más trabajadores ofrezcan una “adaptación razonable” para condiciones médicas relacionadas con el embarazo y el parto. Para rechazar una adaptación, las empresas deben demostrar que supondría una “carga indebida” para el negocio.
“Negarle a una trabajadora embarazada un taburete, una carga de trabajo más liviana o una pausa para ir al baño es una violación de la ley federal; así de simple”, afirmó Inimai Chettiar, presidenta de A Better Balance, una organización sin fines de lucro que representa a los demandantes junto con el bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel. “Amazon ha construido un imperio sobre la velocidad y la eficiencia, una velocidad y una eficiencia que, con demasiada frecuencia, sacrifican los derechos de las trabajadoras embarazadas para las que se niega a hacer adaptaciones”.
Amazon negó las acusaciones y sostuvo que la descripción de los hechos en la demanda es inexacta.
“Garantizar la salud y el bienestar de nuestros empleados es una de nuestras mayores responsabilidades, y nos esforzamos por ofrecer un entorno seguro y de apoyo para todos, lo que incluye apoyar cada año a decenas de miles de empleadas con adaptaciones por embarazo”, señaló Kelly Nantel, portavoz de Amazon.
Nantel indicó que Amazon ha aprobado “más del 99,9% de las adaptaciones relacionadas con el embarazo” durante el último año y que “los relatos compartidos por A Better Balance contienen inexactitudes y omiten detalles importantes”.
A Better Balance encabezó una campaña de una década a favor de la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas, llamando la atención sobre la situación de miles de mujeres, especialmente trabajadoras con bajos salarios, que han sido expulsadas del trabajo por solicitar adaptaciones como una silla o un taburete, permisos para asistir a citas prenatales, tareas livianas para trabajos manuales o reasignaciones temporales.
La ley se aprobó con un abrumador apoyo bipartidista y entró en vigor en junio de 2023, pero desde entonces se ha visto envuelta en varias demandas presentadas por estados gobernados por republicanos y grupos religiosos, que objetaron las regulaciones aprobadas por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) durante el mandato del expresidente Joe Biden, las cuales establecían que las trabajadoras que buscan abortar tienen derecho a adaptaciones.
Un juez federal anuló el año pasado la disposición sobre el aborto de esas regulaciones, que la EEOC —ahora dirigida por una mayoría republicana— planea revisar. Una demanda separada presentada por el estado de Texas apunta a la totalidad de la ley, al afirmar que su aprobación fue inconstitucional porque una mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes no estuvo físicamente presente para aprobarla como parte de un paquete de gasto en diciembre de 2022.
A pesar de esas disputas, la EEOC ha aplicado de manera regular la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas, al perseguir a las empresas que niegan adaptaciones a trabajadoras embarazadas.
En la nueva demanda contra Amazon se indica que las “políticas discriminatorias y de represalia” de la empresa contra trabajadoras embarazadas ya han quedado bien documentadas en investigaciones estatales en Nueva Jersey y Nueva York, así como en conclusiones de la EEOC.
Jennifer Hatch, una de las demandantes, trabajaba en un puesto de procesamiento de devoluciones de clientes en Lancaster, Nueva York, que implicaba permanecer de pie durante varias horas seguidas y levantar cajas de distintos pesos para clasificar su contenido. En enero de 2025, tras enterarse de que estaba embarazada, su médico determinó que su embarazo era de alto riesgo debido a su edad y le recomendó sentarse a intervalos regulares.
Pero cuando solicitó una restricción para levantar un máximo de 13,6 kilogramos (30 libras), un descanso para sentarse de 15 minutos cada cuatro horas y un máximo de ocho horas por turno, Amazon retrasó y luego negó las solicitudes, según la demanda.
Luego, a inicios de marzo de 2025, un gerente se negó a permitir que Hatch se sentara en una silla disponible debido a que su adaptación no estaba aprobada, aunque a ella le costaba respirar, según la denuncia. Y cuando, en varias ocasiones, salió antes del trabajo para ir al hospital por dolor abdominal relacionado con el embarazo —agravado por permanecer de pie durante largos periodos en el trabajo—, Amazon le descontó su saldo de tiempo libre no remunerado y más tarde la despidió por violar una política de asistencia.
“Las trabajadoras con salarios más bajos, por turnos y por hora son fundamentales para la economía de este país, y aun así se las trata como desechables. Y las prácticas que niegan a las trabajadoras embarazadas adaptaciones simples que no suponen ninguna amenaza para la productividad no solo son injustas, son ilegales”, declaró Chettiar a la AP en un comunicado enviado por correo electrónico.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
