CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El repudio generalizado por el asesinato de un abogado y la actuación de la policía guatemalteca, que detuvo a dos hombres a los que acusó del crimen que luego fueron liberados por un juez, ha puesto bajo cuestionamiento la seguridad y la justicia del país centroamericano.
El lunes comenzó el funeral de Juan Francisco Solórzano Foppa, un abogado y exfiscal que fue asesinado el sábado por desconocidos. Según la Policía Nacional Civil, el abogado jugaba fútbol en un campo en compañía de algunos familiares cuando fue matado a balazos. En el ataque también murió otra persona y cinco más resultaron heridas.
El abogado usaba sus redes sociales para hacer análisis personales sobre la corrupción, las pandillas y el narcotráfico y había señalado que instituciones y funcionarios podrían estar involucrados en esos delitos. Era nieto de Alaíde Foppa, una escritora y poeta cofundadora de una revista feminista que vivió durante años exiliada en México y fue desaparecida por el Estado guatemalteco en 1980.
La familia del abogado dijo el domingo en un comunicado que el ataque había sido directo y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente.
El presidente Bernardo Arévalo también se pronunció sobre el hecho y pidió a la justicia una respuesta rápida. “Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan”, indicó el mandatario.
El abogado tenía seguridad estatal debido a que había recibido amenazas.
El ataque generó dudas en la población, pues tras el hecho la Policía Nacional Civil detuvo a dos hombres, hermanos e indígenas, que se identificaron como repartidores de comida. La policía dijo que llevaban consigo un arma de grueso calibre.
Tras la audiencia con un juez, la fiscalía solicitó que se decretara la falta de mérito para los detenidos por la falta de evidencias. Afuera de los tribunales cientos de repartidores y ciudadanos se manifestaron a favor de la liberación de los dos hombres. La policía dijo que inició una investigación sobre el procedimiento de la captura.
Violencia criminal en ascenso
El hecho fue el último de una ola de violencia que se ha incrementado en el país centroamericano en los últimos meses y que ha dejado decenas de muertos, pese a que las autoridades sostienen que la tasa de homicidios se mantiene estable.
“Lo que devela toda esta situación es que el narco y el crimen tienen una capacidad de control territorial muy fuerte en el país. En las últimas semanas hay un recrudecimiento que busca evidenciar la absoluta carencia del gobierno”, dijo el politólogo Renzo Rosal.
Rosal apuntó que en las últimas semanas se registraron varios hechos de violencia que muestran la capacidad de fuego de la fuerza criminal instalada en Guatemala, así como “la fuerte crisis de la estrategia de seguridad” del gobierno.
El politólogo recordó la masacre ocurrida el 27 de septiembre en el municipio de Huité del departamento de Zacapa, al este del país, donde murieron ocho civiles, entre ellos una niña.
Al principio el ejército dijo que se trataba de enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y que no había participado. Posteriormente, luego de que se hicieran públicos videos y fotos de hombres vestidos de militares en la localidad, aceptó que estuvo en el lugar.
Tras los incidentes, el presidente anunció la destitución de dos altos mandos del Ejército, según dijo, para “facilitar las investigaciones judiciales” de la masacre. Otros 105 elementos del ejército fueron puestos a disposición de las autoridades para ser investigados.
“Hay dudas sobre ese operativo, sobre todos por la participación de militares en el hecho”, dijo Rosal, quien aseveró que es muy importante que se esclarezca para darle una respuesta a la población.
