LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano presentó el jueves ante la Fiscalía General una denuncia contra cuatro exministros de Defensa y otros 15 exfuncionarios por presuntas irregularidades en la compra e implementación de un sistema de radares para la lucha contra el narcotráfico que, según la querella, ocasionó un daño económico.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó la denuncia contra Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, quienes integraron el gabinete en los últimos años del entonces gobierno de Evo Morales (2006-2019); Luis Fernando López, quien fungió en la pasada administración interina de Jeanine Añez (2019-2020) y Edmundo Novillo, en la gestión del exmandatario Luis Arce (2020-2025). Los exfuncionarios son señalados por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En 2016, en su último periodo de gobierno, Morales firmó un contrato por 214 millones de dólares con el entonces presidente francés Francois Hollande en el palacio del Elíseo mediante el cual una empresa francesa fue encargada de proveer los equipos para la implementación del llamado Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo, conocido por las siglas SIDACTA.
Sin embargo, el proyecto fue postergado unas siete veces, dijo Justiniano a los medios al momento de presentar la denuncia. Sólo dos de los 13 radares adquiridos están funcionales, según la querella.
“El Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”, señaló el ministro. Los radares "deberían ser entregados funcionando. Sin embargo, solo dos de ellos están operativos”, aseguró.
“El problema no es solamente cuánto tiempo demoró. La auditoría identificó observaciones en la contratación, en las modificaciones contractuales, en las garantías, en los procesos de recepción y en el resultado operativo del sistema”, acotó.
Justiniano, que junto con la Procuraduría presentó la denuncia, dijo que de acuerdo a una auditoría interna se encontró un posible daño económico de 1.478 millones de bolivianos (unos 126.541 dólares). López y Zavaleta dijeron que se presentarán a declarar si son requeridos ante una posible investigación.
