LOS ÁNGELES (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó a California con posibles acciones legales porque, según afirma, presuntamente se enviaron boletas de voto por correo a no ciudadanos para las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo mes.
En una carta enviada el martes a la secretaria de estado de California, Shirley Weber, por Trent McCotter, subsecretario de Justicia interino, se indica que el Departamento de Justicia proporcionó a funcionarios del condado de Los Ángeles una memoria USB protegida con contraseña con una lista de nombres que, según el gobierno federal, probablemente corresponden a no ciudadanos a quienes se les enviaron boletas para participar en las elecciones del 3 de noviembre.
California envía boletas por correo a todos los votantes registrados.
En la carta, obtenida por The Associated Press, se le dan al estado 48 horas para determinar si en la lista figura algún ciudadano. En el caso de las personas cuya ciudadanía no pueda verificarse de manera independiente, el estado debe ordenar a los funcionarios electorales locales que separen sus boletas por correo hasta que pueda determinarse su estatus, y a no entregar una boleta a nadie que aún no la haya recibido. Se advierte que podrían emprenderse acciones legales si el estado no cumple el plazo de 48 horas para revisar la lista.
“Si para entonces no pueden implementar este proceso, dada la elección federal en curso, Estados Unidos no tendrá otra opción que solicitar medidas de emergencia”, se lee en la carta.
Se envió una carta similar a la oficina del registrador del condado de Los Ángeles, que la fiscalía federal había investigado durante las elecciones primarias de junio del estado.
Hasta el momento, ni la secretaria de Estado de California ni el registrador del condado de Los Ángeles han respondido a solicitudes de comentarios.
Este año, el gobierno del presidente Donald Trump ha convertido en una prioridad la búsqueda de votantes no ciudadanos, aunque el problema es excepcionalmente raro. El Departamento de Justicia ha acusado a unas 90 personas por diversos tipos de irregularidades electorales en lo que va del año, entre ellas, 50 a las que se acusa de haber votado como no ciudadanos. Durante las elecciones presidenciales de 2024 hubo más de 227 millones de votantes registrados en Estados Unidos.
En julio, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, envió cartas a California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania, en las que alegaba que hasta 250.000 no ciudadanos estaban registrados en esos estados. Los funcionarios electorales de esos estados, incluida Weber, la secretaria de Estado de California, se mostraron escépticos ante la afirmación.
“Tengo serias dudas sobre la fiabilidad de sus datos y la exactitud de sus afirmaciones, ya que mi oficina no ha compartido nuestra lista estatal de registro de votantes con el Departamento de Seguridad Nacional ni con ninguna otra agencia o funcionario federal”, respondió Weber.
Ese mismo mes, el gobierno republicano afirmó que Nevada tenía 1.500 votantes no ciudadanos en sus padrones electorales. Pero después de que el gobierno federal los identificó ante el estado, el número de no ciudadanos realmente registrados resultó ser cero.
Como parte de su proyecto para encontrar no ciudadanos en los padrones electorales, el Departamento de Justicia ha solicitado a los estados información detallada de los votantes, incluidas fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y números parciales del Seguro Social. Algunos estados gobernados por republicanos han entregado la información, que se ha cotejado con una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que ha sido criticada por señalar erróneamente a ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Justicia ha demandado a 30 estados y al Distrito de Columbia por esa información, pero hasta ahora ha perdido esos casos en los tribunales. California es uno de los estados que demandaron con éxito, en parte al argumentar que entregar los datos violaría las leyes estatales de privacidad.
La secretaria del condado de Santa Cruz, Tricia Webber, presidenta de la Asociación de Secretarios y Funcionarios Electorales de California, dijo que no había visto las cartas, pero afirmó que el plazo de 48 horas para revisar a los votantes señalados por el gobierno federal era “completamente irrazonable”.
Dijo que cuando hay un reporte de un votante inelegible que aparece incorrectamente en los padrones, su oficina realiza la debida diligencia para investigar. Eso implica revisar el historial de registro del votante, identificar si esa persona había votado antes y, lo más importante, comunicarse con el votante, dijo.
“Se necesitarían más de 48 horas incluso para empezar a tener el panorama completo”, afirmó. También cuestionó la manera en que el gobierno federal elaboró una lista de presuntos votantes no ciudadanos, ya que no tiene acceso a la información detallada de votantes del estado.
Webber añadió que, en las décadas de carrera en las que ha trabajado para agencias electorales locales, nunca ha visto “nada que me haga creer que nuestros registros de votantes estén llenos de votantes fraudulentos”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
