El nuevo gobierno de Colombia informó a las Naciones Unidas el lunes que más de 132.000 personas han sido asesinadas y que las filas de los grupos armados se han engrosado de 6.000 a casi 30.000 en la década transcurrida desde que se firmó un muy publicitado acuerdo de paz con el mayor grupo rebelde del país.
Al dirigirse por primera vez al Consejo de Seguridad, el canciller Omar Bula afirmó que “la promoción ideológica e internacional del acuerdo de paz como un evento ejemplar digno de imitación no se refleja en las cifras”, y manifestó que la paz duradera sigue siendo esquiva y un desafío para el presidente conservador Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo en agosto.
Las cifras del gobierno no pudieron verificarse de manera independiente.
El acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), puso fin a más de 50 años de guerra en los que murieron más de 220.000 personas y casi 6 millones fueron desplazadas. Tras el acuerdo, se estima que 14.000 combatientes depusieron las armas.
Pero Bula aseveró que, además de las 132.930 personas “asesinadas en Colombia” entre julio de 2016 y agosto de 2026, se han registrado en todo el país casi 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros.
Hoy, indicó, Colombia enfrenta no solo a su mayor grupo rebelde aún activo, el Ejército de Liberación Nacional, sino también al Clan del Golfo, a decenas de facciones de exrebeldes de las FARC y a redes criminales regionales y transnacionales.
Los grupos también han ampliado sus disputas por el control territorial, subyugando a las comunidades y controlando corredores estratégicos mediante la violencia, la extorsión y economías ilícitas, sostuvo Bula. El narcotráfico, un motor clave de la actividad criminal, también ha alcanzado niveles sin precedentes, y en 2023 la producción de coca en Colombia se disparó en más de 50%.
De la Espriella, que tiene ciudadanías colombiana y estadounidense, se hace llamar “El Tigre” y apoya al presidente de Estados Unidos Donald Trump, se ha comprometido a enfrentar la violencia en Colombia rompiendo con la política del expresidente izquierdista Gustavo Petro de negociar con grupos armados, con el argumento de que el proceso de paz ha fracasado.
En los 60 días transcurridos desde que de la Espriella se convirtió en presidente, las fuerzas de seguridad reportaron 32.029 detenciones, la incautación de más de 135 toneladas de drogas narcóticas y el retiro de circulación de 3.414 armas de fuego, dijo Bula.
El presidente también firmó 119 órdenes de extradición destinadas a desmantelar redes internacionales de narcotráfico y el crimen organizado transnacional en Colombia. También ha estado lidiando con un terremoto de magnitud 7,4 que se produjo el 13 de agosto, cinco días después de su investidura.
El principal diplomático de Colombia indicó que estos esfuerzos subrayan el compromiso del gobierno de restablecer el control estatal, una política clave que —junto con garantizar seguridad y justicia— es una condición previa para construir una paz sostenible.
El Consejo de Seguridad ha estado supervisando el acuerdo de paz de 2016 a solicitud del gobierno, y Bula dijo que su implementación sigue siendo un compromiso. El mandato de la misión de verificación de la ONU expira el 31 de octubre.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
