BOGOTÁ (AP) — Un operativo contra bandas criminales en Bogotá el miércoles dejó al menos un muerto y 172 detenidos en el marco de una nueva estrategia de seguridad en las principales ciudades de Colombia que impulsa el presidente Abelardo de la Espriella.
El operativo fue realizado durante la madrugada con allanamientos sorpresa a personas presuntamente implicadas en delitos como el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el secuestro.
“Vamos detrás de sus cabecillas, sus estructuras y sus finanzas. Bogotá no puede seguir a merced de los delincuentes”, indicó De la Espriella en la red social X al publicar un video que mostraba el operativo que lideró.
El mandatario de signo conservador dijo luego en una declaración a la prensa que una persona fue abatida “porque opuso resistencia” durante el operativo.
Según De la Espriella, fueron decomisadas además armas de fuego, granadas, cartuchos, celulares, 2,2 kilos de marihuana y otras drogas.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró en la misma red social que, tras varios meses de investigación, el operativo dejó “10 bandas criminales desarticuladas”, como Los Ingenieros, grupo que opera en el sur de la ciudad.
Una estrategia a prueba
El operativo en Bogotá se realizó en el marco de un programa de seguridad para las ciudades que puso en marcha De la Espriella, quien ha prometido “liberar” a las urbes del delito en una ambiciosa apuesta que aún está a prueba.
Para Glaeldys González, analista del International Crisis Group para los Andes, este tipo de operativos que enfocan la estrategia de seguridad en las zonas urbanas se quedan cortos con respecto al impacto que pueden tener a largo plazo más allá de los arrestos e incautaciones.
González explicó a The Associated Press que una estrategia con impacto a largo plazo debe contemplar también el fortalecimiento institucional, el ataque a la corrupción y la reducción de los niveles de impunidad para que se traduzcan en una mejora sostenida de las condiciones de seguridad en las ciudades.
De la Espriella aseguró que el miércoles establecieron la “hoja de ruta” en la estrategia de seguridad para Bogotá, la cual se evaluará en reuniones mensuales.
La víspera, hubo un operativo en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, donde fueron capturadas 149 personas, una persona fue abatida y 98 extranjeros fueron expulsados hacia Venezuela porque presuntamente “representaban un alto riesgo para la seguridad de la comunidad”, indicó Migración Colombia.
De la Espriella señaló que hay una “situación compleja” con los más de 148.000 migrantes irregulares en Bogotá, en una aparente referencia a los venezolanos que residen en la ciudad, e indicó que “los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación".
La orden de buscar a “inmigrantes ilegales” y deportarlos fue dada por De la Espriella tras asumir el poder en agosto, lo que generó alarma entre la comunidad migrante venezolana en Colombia.
Los operativos de seguridad urbana también se han focalizado en ciudades capitales como Santa Marta y Barranquilla, en el norte del país, y Cali, en el suroeste.
Tribunal revoca restricciones a los bombardeos
La estrategia de seguridad del mandatario conservador también ha incluido los bombardeos contra campamentos de grupos armados ilegales. Sin embargo, esas acciones han recibido críticas de sus detractores por la muerte de varios menores de edad víctimas del reclutamiento forzado.
La presidencia informó el miércoles que el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo que había impuesto restricciones parciales a los bombardeos, al reforzar la verificación sobre la posible presencia de menores reclutados y buscar alternativas operacionales menos lesivas.
La nueva decisión judicial permite “que las Fuerzas Militares continúen desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal vigente, observando en todo momento... el Derecho Internacional Humanitario”, indicó la presidencia en un comunicado.
El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, dijo el miércoles a la prensa que ocho menores de edad han fallecido en las operaciones militares realizadas en lo que va del gobierno de De la Espriella.
De la Espriella dijo por su lado que autorizó un “bombardeo muy importante y estratégico”, sin detallar el grupo ilegal al que fue dirigido ni su resultado.
