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Oposición colombiana marcha contra políticas de De la Espriella y mide su reacción a las protestas

COLOMBIA-PROTESTAS
Un manifestante marcha durante una protesta convocada por sindicatos y grupos de oposición contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en Bogotá, Colombia, el miércoles 14 de octubre de 2026. (AP foto/Fernando Vergara)
AP Photo/Fernando Vergara / Fernando Vergara

BOGOTÁ (AP) — Sindicatos, estudiantes y sectores de la oposición al gobierno del conservador Abelardo de la Espriella se movilizaron el miércoles por las calles de Bogotá y de otras ciudades colombianas para manifestar su descontento con el gobierno y sus políticas sociales, que consideran regresivas.

Miles se desplazaron por el centro de Bogotá hasta la icónica Plaza de Bolívar gritando consignas contra el gobierno: “¡Abelardo, fascista, usted es el terrorista!” mientras alzaban banderas del pueblo palestino, de Colombia y de los principales sindicatos.


El expresidente Gustavo Petro, quien terminó su mandato en agosto, convocó a manifestarse alegando que De la Espriella ha dado señales de buscar reducir el salario mínimo, lo que a su juicio provocaría un incremento de la pobreza. Petro recorrió la Plaza de Bolívar, pero no habló desde una tarima dispuesta para políticos y voceros de los manifestantes.

La marcha también fue convocada por algunos sindicatos, incluido el de maestros, contra medidas de De la Espriella que “modifican decretos para precarizar el trabajo docente, privatizar la educación y limitar el derecho a la protesta”, indicó la víspera en un comunicado la Central Unitaria de Trabajadores.

Este fue el primer gran pulso en las calles para De la Espriella, quien ha dicho que no tolerará desmanes y monitoreó las manifestaciones desde el palacio presidencial con las cámaras de seguridad. La víspera publicó un decreto que modifica el protocolo del uso de la fuerza por parte de la policía durante las protestas.

La nueva norma permite la intervención policial sin agotar necesariamente el diálogo, según el decreto. A su vez indica que puede retomarse el diálogo después del empleo de la fuerza, siempre que las “acciones violentas” hayan cesado.

Protestas en su mayoría pacíficas

“Hay medidas como el decreto expedido el día de ayer que son autoritarias”, dijo a The Associated Press Percy Oyola, presidente de la Confederación General de Trabajo que protestaba en el centro de Bogotá. “Esta es una movilización pacífica, la sostendremos así para evitar enfrentamientos, esperamos que la provocación y la infiltración no provenga de actores que pretendan dar esa imagen de justificar una agresión”, agregó.

Algunos de los manifestantes cubrían sus rostros con telas y máscaras para evitar ser identificados mientras ayudaban a guiar la protesta por las calles cerradas.

La gran mayoría de las protestas en el país fueron pacíficas. Sin embargo, se registraron disturbios en Medellín, en el noroeste, e Ibagué, en el centro-oeste, donde intervinieron las fuerzas antimotines.

“Siento que se viene una onda de violencia tenaz y de estigmatización hacia nuestro derecho a la protesta. La verdad da un poco de miedo y aterroriza un poco el panorama, pero hay que estar en pie de lucha”, aseguró a AP Julián Téllez, un artista de 26 años que sostenía un cartel que decía “Abelardo es un tigre de papel”, en referencia al apodo del presidente.

El gobierno argumenta que con las modificaciones en el protocolo busca garantizar los derechos de quienes participan en la protesta de manera pacífica.

“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos”, aseguró De la Espriella el martes en X.

La modificación del protocolo generó especial preocupación en los movimientos sociales y sectores de izquierda que temen un uso excesivo de la fuerza y recuerdan la violencia registrada en las multitudinarias protestas de 2021 en las que algunos miembros de la fuerza pública resultaron implicados en lesiones y muertes de manifestantes.

La congresista Jennifer Pedraza, crítica del gobierno, demandó el decreto ante el Consejo de Estado —el máximo tribunal de la administración pública— pidiendo que se anule por considerarlo “regresivo e inconstitucional”.