BOGOTÁ (AP) — Por segundo día consecutivo, colectivos feministas, de artistas y organizaciones sociales protestaron en Bogotá el domingo contra una polémica disposición gubernamental de retirar 30 piezas del Museo Nacional de Colombia, manifestación que derivó en choques con la policía.
La primera jornada se realizó el sábado afuera del museo, ubicado en el centro de la capital colombiana.
En las calles aledañas, tanquetas antidisturbios dispersaban a los manifestantes con potentes chorros de agua, mientras estos corrían por las calles para resguardarse, de acuerdo con reportes de medios colombianos. En otras imágenes podía verse a los inconformes lanzarles piedras a los agentes policiales.
La movilidad en esa transitada zona de Bogotá resultó afectada por la suspensión del servicio de transporte, anunciada por el sistema Transmilenio, debido a una “manifestación ajena a la operación” que afectó a más de 14.000 usuarios, reportó en su cuenta de la red social X.
Posteriormente la operación de ese sistema de transporte masivo se restableció.
La polémica inició con una disposición del presidente Abelardo de la Espriella durante una reciente visita al Ministerio de Cultura, en la que ordenó dejar de exhibir bienes relacionados a Carlos Pizarro, excomandante de la guerrilla M-19, asesinado en 1990 tras desmovilizar a la guerrilla y aspirar a la presidencia.
Posteriormente se conoció del retiro de las piezas de una sala de exposición del museo, las cuales están relacionadas con la historia de movimientos sociales y la violencia política en el país.
El domingo por la noche, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a lo ocurrido. En redes sociales aseguró que “de ninguna manera se puede permitir un bloqueo total” de la carretera, y que “se protegió la protesta pacífica”.
Según Lara, la policía “intervino únicamente para restablecer la movilidad” ante la “insistencia de un remanente (de manifestantes) en mantener el bloqueo”.
La ministra de Cultura, Paola Holguín, afirmó el viernes en X que el Museo Nacional, creado en 1823, no puede servir como “instrumento de adoctrinamiento político” ni ser espacio de “apología al delito o revictimización”.
Surgieron también voces en defensa de los manifestantes.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó el sábado la presencia de escuadrones antidisturbios y un vehículo que lanza agua en medio de las manifestaciones, al considerarla una medida “desproporcionada” ante el derecho “legítimo” de los inconformes de expresar su desacuerdo.
En una intervención sobre la controversia, el expresidente Juan Manuel Santos escribió en X que “la historia y la memoria de un país no se borran. Por el contrario, se protegen y se utilizan para unirnos como nación, no para dividirnos”.
