BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia imputó el martes a 10 antiguos miembros de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía.
“Hoy hacemos justicia para los pueblos más olvidados de la Colombia segregada... que han visto comprometido su derecho básico a existir”, dijo a la prensa la magistrada Catalina Díaz.
La investigación concluyó que los pueblos indígenas Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw fueron víctimas entre 1996 y 2016 de los delitos de exterminio, tortura, asesinato, persecución, desaparición forzada, desplazamiento, empleo de minas antipersonales y daños al medio ambiente.
“Fue intento de exterminio”
El tribunal imputó por esos crímenes a 10 exintegrantes de las FARC que operaban en la Amazonía y la Orinoquía colombiana, en el sureste, incluyendo a tres antiguos miembros de la última cúpula de la guerrilla: Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias “El Médico”, y Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”.
“Durante muchos años sufrimos en silencio, nos callaron la palabra... nos quemaron nuestras malokas (casas). No fue sólo guerra, fue intento de exterminio”, aseguró Yhon Jairo Figueroa, representante del pueblo Koreguaje.
Ninguno de los imputados había sido investigado por la justicia ordinaria por los crímenes cometidos contra las comunidades indígenas de la Amazonía, indicó el tribunal en un comunicado.
Los exguerrilleros comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto interno en Colombia luego de que las FARC firmaran con el Estado un histórico acuerdo de paz hace una década.
La investigación concluyó que las FARC efectuaron ataques contra los líderes de los pueblos indígenas —incluidos educadores, médicos tradicionales y caciques— que “fueron señalados de colaborar con el enemigo”, lo que provocó que sufrieran “ajusticiamientos” por parte de la guerrilla que incluyeron asesinatos y desapariciones.
En 1997, insurgentes de las FARC entraron a un resguardo indígena en Milán, en el departamento de Caquetá, donde habitaban indígenas Koreguaje, y asesinaron a siete de sus líderes provocando como consecuencia un desplazamiento forzado, agregó el tribunal.
“Agradecemos porque por primera vez el Estado colombiano reconoce que... no solamente se mata a una persona, sino que se intenta matar el conocimiento, la lengua y el territorio”, indicó Figueroa.
Explosivos y ata
ques en territorios indígenas
El tribunal indicó que las FARC utilizaron minas antipersonales y artefactos explosivos en territorios indígenas que generaron muertes, lesiones, desplazamientos y restricciones en las actividades cotidianas.
Los atentados incluyeron voladuras de oleoductos que causaron derrames de petróleo e incendios, contaminando ríos y destruyendo sitios sagrados de los indígenas, explicó el tribunal.
“Quiero pedirle perdón a la madre tierra y a la naturaleza y a las comunidades que habitaban esos territorios donde se hizo esa riega de crudo porque fueron afectados, se contaminaron sus caños, sus aguas y su territorio”, dijo uno de los exguerrilleros, cuya identidad fue protegida por el tribunal, durante una audiencia en octubre de 2025.
Los exguerrilleros tendrán que aceptar o rechazar las imputaciones. De aceptar, podrían recibir sanciones que no implican la cárcel, pero sí la participación en proyectos para reparar a las víctimas. En caso de rechazarlas, se exponen a ir a un juicio en el que podrían recibir una condena de hasta 20 años de prisión.
