QUITO (AP) — Ecuador amaneció con un toque de queda el domingo, cuando entró en vigor un decreto que restringe la libertad de tránsito en cinco provincias costeras identificadas como las de mayor incidencia de criminalidad en los últimos meses. Más de un centenar de personas han sido arrestadas por infringir la disposición en su primera jornada, informaron las autoridades.
Un experto expone reparos a esa medida de seguridad.
La restricción de movilidad empezó a regir desde la medianoche hasta las 5:00 de la mañana y se extenderá por 10 días en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí.
Sin entregar detalles, el Ministerio del Interior informó el domingo en su cuenta de X que se desplegaron operativos para garantizar el cumplimiento de la disposición, y el titular de esa cartera de Estado, John Reimberg, se limitó el viernes a señalar que implementarán medidas “importantes” para la seguridad.
En el primer día de vigencia, la Policía señaló que 68 personas fueron aprehendidas por irrespetar el toque de queda en Guayas y 53 en Esmeraldas. Se espera un balance al final de la jornada.
Un informe policial citado en el decreto ejecutivo señala más del 90% de asesinatos registrados en esos territorios están relacionados con la violencia criminal. Además, se evidencia “la continuidad de delitos como secuestros extorsivos, extorsiones, homicidios, disponibilidad y sustracción de armas”, agregó.
Ecuador arrastra un lustro sumido en una espiral de inseguridad provocada por la expansión de bandas criminales ligadas al narcotráfico transnacional, que lo llevaron a cerrar el 2025 como el más violento de su historia con 9.216 asesinatos, 50 por cada 100.000 habitantes.
Aunque según cifras oficiales entre enero y septiembre los homicidios disminuyeron en un 8%, unos 500 casos menos respecto del mismo período del año anterior, para Diego Pérez, experto en seguridad y catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, “las dinámicas de la violencia siguen perpetuándose en el país”.
El toque de queda “está apuntando a visibilizar las acciones del gobierno, no necesariamente a atender el centro estructural de la violencia”, dijo en declaraciones a The Associated Press.
“Son mediáticas, pero no afectan el centro duro de la criminalidad” y sus organizaciones que, además, son flexibles, apuntó el experto. “Si se ejerce presión en Guayas, no tendrán problema en movilizarse a otras provincias”, donde los índices incrementarán.
No es la primera vez que el gobierno de Daniel Noboa aplica la medida. Lo hizo en tres ocasiones previas — marzo, mayo y septiembre—, en las que destacó los resultados. Pero la estrategia de seguridad también ha sido cuestionada por organismos de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales.
El riesgo por el “uso intensivo y extensivo de las Fuerzas Armadas” y un consecuente debilitamiento institucional está latente, según Pérez.
