WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el viernes analizar la prohibición del presidente Donald Trump al asilo en la frontera sur, un pilar de la amplia ofensiva del mandatario contra la inmigración.
El gobierno de Trump pide a los jueces que anulen decisiones de tribunales inferiores según las cuales es ilegal no atender las solicitudes de asilo, luego de que Trump emitiera una orden ejecutiva que calificaba la situación en la frontera sur como una “invasión”. Este es el más reciente de una serie de casos de inmigración presentados ante el máximo tribunal.
La ley federal otorga a las personas el derecho a solicitar asilo si temen persecución en sus países de origen, sin importar cómo hayan llegado a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, también permite que el poder ejecutivo decida si se concede asilo a las personas. El gobierno de Trump sostiene que puede negar categóricamente el asilo a los migrantes cubiertos por la orden y que no debería tener que aceptar solicitudes destinadas a ser rechazadas.
Abogados federales afirman que los tiempos de tramitación, que se prolongaban durante años, habían contribuido a una gran afluencia de migrantes en la frontera sur, ya que muchos eran liberados dentro del país mientras esperaban una decisión.
“Desde que la proclama entró en vigor, los encuentros en la frontera han caído un 93%, alcanzando los niveles más bajos desde la década de 1960”, escribió el procurador general D. John Sauer.
Pero abogados de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y de varios grupos de derechos de los inmigrantes replican que los cruces fronterizos ya iban a la baja antes de que Trump asumiera el cargo.
Sostienen que la orden ejecutiva es un intento ilegal de “eviscerar” unilateralmente las protecciones legales destinadas a proteger a las personas que huyen del peligro en sus países de origen.
El poder ejecutivo decide si concede asilo, lo que permite que las personas vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Pero, según argumentan los abogados de inmigración, se supone que esas decisiones deben tomarse caso por caso y la ley no permite que el presidente impida unilateralmente que las personas siquiera presenten una solicitud.
“Los demandantes en este caso huyeron de la persecución y la tortura, incluida la prisión por razones políticas y amenazas de los talibanes”, dijo Keren Zwick, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. “Sin embargo, el gobierno de Trump se negó a cumplir su obligación de considerarlos para asilo”.
La prohibición al asilo forma parte de una de una serie de restricciones migratorias que Trump implementó tras su regreso a la presidencia en 2025. Ha permanecido vigente durante el litigio.
Se espera que los jueces escuchen el caso a principios del próximo año y emitan una decisión a más tardar a finales de junio.
Es el tercer caso importante de inmigración que el máximo tribunal escuchará en este periodo. Los jueces también decidirán si las personas pueden ser deportadas rápidamente a países que no son sus lugares de origen, y si los inmigrantes pueden ser detenidos indefinidamente durante los procedimientos de deportación.
Los jueces resolvieron otro caso de asilo a favor del gobierno este año, despejando el camino para que el gobierno de Trump pueda reactivar una política de “dosificación” que se ha utilizado en años anteriores para rechazar a inmigrantes.
