WASHINGTON (AP) — Estados Unidos impuso sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional y contra uno de sus principales fiscales, mientras mantiene una campaña para desmantelar el tribunal, al que acusa de intentar procesar injustamente a soldados de Estados Unidos e israelíes por presuntos crímenes en Afganistán, Irak y Gaza.
El Departamento de Estado estadounidense informó que impuso sanciones el martes a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, de nacionalidad japonesa, y al abogado de la CPI Abdoulaye Seye, originario de Senegal, medidas que congelan cualquier activo que tengan en jurisdicciones de Estados Unidos o que entre en contacto con el sistema financiero de Estados Unidos.
“El gobierno de Trump ha sido claro: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha excedido en su mandato", según declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. "No toleraremos su ataque a la soberanía de los Estados”.
Es la más reciente medida del gobierno estadounidense contra la CPI, la cual, alega, se ha excedido en su mandato al investigar o juzgar a soldados, comandantes y funcionarios políticos de países que no son miembros del tribunal, como Israel y Estados Unidos.
La CPI respondió con rapidez, como lo ha hecho ante acciones anteriores del gobierno de Trump, y señaló que las sanciones de Estados Unidos “socavan el Estado de derecho”.
“Cuando se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo”, indicó.
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El periodista de The Associated Press Mike Corder en La Haya contribuyó a este despacho.
