SAN SALVADOR (AP) — La organización no gubernamental salvadoreña Unidad de Defensa de los Derechos Humanos (Unidehc) afirmó el miércoles que con la condena a 15 años de prisión del activista Fidel Zavala el gobierno de Nayib Bukele busca "callar su voz como testigo clave de las violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción”.
Un tribunal de San Salvador impuso la condena a Zavala por el delito de estafa agravada en perjuicio del patrimonio de tres víctimas a quienes defraudó por 4.025 dólares. Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2018 y febrero de 2021.
Según la acusación, Zavala “captaba fondos mediante falsas oportunidades de negocio en el mercado de divisas y se hacía pasar por representante en El Salvador de la empresa Capital Investment Corporation, S.A. de C.V. que operaba a través de la Forex y atraía clientes con la promesa de hacerles obtener altas rentabilidades y ganancias”.
La acusación agregó que cuando los clientes empezaron a exigir los dividendos prometidos, Zavala les decía que las cuentas estaban bloqueadas.
La abogada y vocera de Unidehc, Ivania Cruz, dijo en un mensaje publicado en X que con la condena a Zavala “intentan silenciar al testigo clave y primera persona en denunciar al gobierno de Nayib Bukele por torturas, muertes y corrupción en centros penales”.
En su pronunciamiento público la Unidehc rechazó la sentencia y denunció “la falta de debido proceso, la falta de investigación integral de fiscalía, la corrupción judicial y fiscal en el caso, así como también las pruebas no valoradas a favor de Fidel Zavala”. Agregó que presentará un recurso de apelación para que un tribunal superior revise “la sentencia arbitraria” contra Zavala.
Amnistía Internacional, que le ha dado seguimiento al caso, había expresado su preocupación por la prolongación de su detención provisional y “por el uso abusivo del derecho penal contra personas defensoras y líderes comunitarios para criminalizar la defensa de derechos humanos en El Salvador”.
En 2022 la Fiscalía presentó la acusación por estafa contra Zavala y pasó detenido durante 13 meses, pero fue absuelto en 2024. Sin embargo, la Fiscalía apeló la sentencia y abrió nuevamente el caso.
Zavala cobró notoriedad porque en julio de 2024 presentó un aviso ante la Fiscalía contra el titular del Ministerio de la Defensa, el director general de Centros Penales y dos directores de penales, al denunciar maltratos durante su detención.
Posteriormente, Zavala apareció como activista de Unidehc, pero en febrero de 2025 fue detenido.
Desde marzo de 2022 El Salvador vive bajo un estado de excepción que suspende derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial y la detención sin audiencia se prolongó de 72 horas a 15 días.
Desde que la medida entró en vigor, las autoridades han reportado la captura de 93.334 personas acusadas de pertenecer o tener vínculos con las pandillas. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que han registrado más de 6.000 denuncias durante el régimen de excepción, y documentado la muerte de al menos 580 personas bajo custodia de las autoridades.
