BARCELONA (AP) — La cámara baja interina del Parlamento de España ratificó el jueves medidas de vivienda diseñadas para limitar los desalojos y la especulación inmobiliaria, un día después de una huelga general y protestas callejeras masivas por la crisis del costo de la vivienda en el país.
La duración de las medidas aprobadas, sin embargo, probablemente dependerá del resultado de unas elecciones nacionales previstas para finales de este mes.
El principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular, ha afirmado que derogará las medidas de vivienda del gobierno de izquierda si llega al poder, algo que las encuestas indican que es una posibilidad real.
“El derecho de la vivienda ganó ayer en la calle y en los centros de trabajo y espero también que gane en las urnas”, afirmó a los legisladores la ministra interina de Vivienda, Isabel Rodríguez, en referencia a la huelga general del miércoles y a las próximas elecciones del 29 de noviembre.
El gobierno de España había intentado sacar adelante las medidas en octubre después que la indignación pública por el alza de los alquileres estallara tras el desalojo televisado a nivel nacional y la posterior muerte de una mujer de 87 años en Madrid.
Pero el PP y otros partidos conservadores se alinearon en el Parlamento para rechazar las medidas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respondió días después convocando elecciones anticipadas.
Luego, el gobierno esperó para intentar de nuevo aprobar las medidas con un Parlamento interino más pequeño, donde él y los partidos progresistas afines contaban con una distribución de escaños ligeramente más favorable.
El gobierno dividió las medidas en dos decretos, separando en un segundo decreto una medida que parecía condenada desde el principio para no poner en peligro el resto.
El primer decreto, que contenía un paquete de medidas, logró aprobarse el jueves, pero el segundo decreto fue, como se esperaba, rechazado otra vez.
Medidas para ayudar a inquilinos
La cámara baja interina tiene 69 miembros, frente a los 350 del Parlamento ordinario, que fue disuelto cuando se convocaron las elecciones.
El primer decreto se aprobó por 35 votos a 34.
El decreto aprobado incluyó una medida que amplía las protecciones contra los desalojos para los inquilinos que los servicios sociales consideren en una situación financiera o social precaria, siempre que las autoridades regionales no puedan ofrecerles una residencia alternativa. La medida estará vigente hasta 2030.
Otra característica principal es un intento de reducir la especulación inmobiliaria al impedir que cualquier empresa involucrada en el mercado inmobiliario compre propiedades por menos del 70% de su valor. Con ello se pretende frenar la compra al por mayor de inmuebles a precios bajos y su posterior reventa a precios más altos.
El decreto también frena los aumentos de alquiler en los casos en que la renta ya supere el precio de referencia establecido por el índice de precios del gobierno para ese barrio.
Asimismo, establece un impuesto del 10% a los apartamentos alquilados a turistas —como los que se ofrecen en plataformas en línea como Airbnb, que se han convertido en blanco del desprecio público—, junto con un incentivo fiscal para fomentar el arrendamiento y préstamos respaldados por el gobierno para los pagos iniciales de viviendas de uso residencial.
Legisladores vuelven a rechazar los alquileres indefinidos
El segundo decreto, que fue rechazado nuevamente, habría hecho que los contratos de alquiler residencial se renovaran automáticamente a voluntad de los inquilinos. Si los propietarios querían romper los contratos, habrían tenido que compensar a los inquilinos con el equivalente a un año de alquiler.
Muchos legisladores consideraron que esa medida habría llevado a los propietarios a retirar inmuebles del mercado de alquiler, lo que provocaría una caída de la oferta y precios aún más altos. Fue rechazado por 34 votos a 35 después que un partido vasco de centroderecha votara con el bloque de derecha tras haber respaldado el otro decreto.
"Ha prometido vivienda y ha hecho toneladas de demagogia”, dijo a la ministra el diputado del PP Sergio Sayas.
El PP se ha comprometido a supervisar la construcción de un millón de nuevas viviendas, al tiempo que recorta impuestos y trámites burocráticos para el desarrollo inmobiliario, si regresa al poder tras ocho años de gobierno liderado por los socialistas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
