WASHINGTON (AP) — Una jueza federal dictaminó que un plan del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para recortar en un 50% el personal de la agencia federal encargada de responder a desastres era ilegal.
La opinión emitida el viernes por la noche supuso una victoria para los grupos laborales que habían demandado a la agencia. La organización sindical había argumentado que los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) violaban protecciones del Congreso diseñadas para salvaguardar la independencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus iniciales en inglés).
La cuestión del personal de la FEMA formaba parte de una demanda mucho más amplia presentada por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y otros grupos laborales, que se oponían a los empeños del gobierno de Trump por recortar la fuerza laboral federal.
La jueza Susan Illston, del Tribunal Federal de Distrito, escribió en su opinión que, a finales del año pasado, altos funcionarios del DHS le ordenaron a la dirección de la FEMA que presentara un plan de personal que incluyera un recorte del 50%, pese a que los propios supervisores de la agencia se opusieron.
“Francamente, la cifra del plan de personal de la FEMA parece como si se hubiera sacado de la nada”, escribió Illston.
En un comunicado el sábado en la noche, la FEMA respondió que, si bien no hace comentarios sobre asuntos de personal ni litigios en curso, “el DHS y la FEMA están preparados para la temporada de huracanes de 2026”.
“Estamos garantizando la estabilidad de la plantilla y una fuerza sólida y lista para desplegarse ante futuros eventos nacionales y posibles desastres; el hacer que la agencia sea más ágil, rápida y esté totalmente enfocada en apoyar a los socios estatales, locales, tribales y territoriales antes, durante y después de los desastres”, señaló. “La FEMA sigue contando con un equipo de liderazgo y personal de apoyo experimentado, tanto en la sede central como en las oficinas regionales”.
El DHS no respondió de momento a las solicitudes de comentarios.
En su opinión, Illston escribió que estaba claro que el gobierno violó normas establecidas tras el paso del huracán Katrina en 2005, que colocaron las decisiones sobre los niveles de personal directamente en manos de la FEMA, no del DHS, y que impedían que éste redujera “sustancialmente” las “funciones” de la FEMA.
La jueza no ordenó una medida correctiva específica para ejecutar su opinión, pero pidió que ambas partes se reúnan y decidan un curso de reparación.
Aunque ha habido despidos en la FEMA, los recortes del 50% en el personal finalmente no se llevaron a cabo. En los últimos meses, tras cambios en la cúpula directiva de la FEMA y del DHS, la agencia ha recontratado a algunos empleados que habían sido despedidos.
La FEMA fue una de las agencias del gobierno federal objeto de recortes de personal, dentro de un amplio plan de Trump para reducir el tamaño del gobierno. La agencia, que atraviesa una situación difícil, se ha visto sacudida por salidas masivas de personal, interrupciones en los programas de subvenciones y demoras en la ayuda para casos de desastre.
En mayo, un Consejo de Revisión de la FEMA designado por Trump presentó un informe final en el que recomendó cambios de gran alcance en la forma en que la agencia apoya a estados, tribus y territorios en caso de desastres.
La versión final se apartó de la recomendación de recortar en un 50% la fuerza laboral de la FEMA, que estaba incluida en un borrador de diciembre de 2025 al que The Associated Press tuvo acceso.
En su lugar, el consejo recomendó que la agencia realizara una “revisión estratégica” para determinar “niveles de personal apropiados”.
En un informe de agosto, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) indicó que determinó que la salida de miles de empleados en 2025 derivó en una “pérdida de conocimiento institucional y de personal experimentado”, y “exacerbó retos de larga data en la fuerza laboral”.
Más de 4.300 empleados —aproximadamente el 17% de la fuerza laboral de la FEMA— se separaron de la agencia en el año presupuestario 2025, de los cuales más de 1.500 lo hicieron mediante reducciones voluntarias. La agencia también efectuó unas 2.900 contrataciones nuevas.
Recientemente, la GAO le recomendó al Congreso que “considere exigir” que la FEMA base las “decisiones significativas sobre la fuerza laboral” en un proceso de planificación más estratégico.
Sin ello, concluyó la GAO, “la FEMA no puede tener la certeza de que la agencia esté en condiciones de satisfacer eficazmente las necesidades de su misión”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
