CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas que visitó Guatemala durante diez días pidió en su informe preliminar que el Estado del país centroamericano garantice la rendición de cuentas por “violaciones y abusos” a los derechos humanos relacionados a la actividad empresarial.
El grupo encabezado por las expertas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė celebró reuniones con empresarios, autoridades locales, trabajadores, sindicatos y con el presidente Bernardo Arévalo.
“Los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados en asuntos que afecten sus derechos, incluidos los derechos culturales”, dijo Hopenhaym al leer el informe preliminar. Agregó que rara vez las consultas se llevan a cabo antes de que se otorguen licencias y permisos a las empresas para operar, lo que "ha generado conflictos”.
El grupo indicó que la capacidad de Guatemala para proteger los derechos humanos, regular las actividades empresariales y proporcionar recursos efectivos se ve limitada porque el país tiene uno de los niveles más bajos de recaudación tributaria en relación al PIB respecto otros países de América Latina y el Caribe.
En su visita las expertas recibieron denuncias, entre ellas la “influencia indebida del sector privado en los procesos legislativos, administrativos y judiciales”, lo que consideran puede socavar la rendición de cuentas.
Además, hablaron sobre que en sectores agrícolas como en plantaciones de palma africana y caña de azúcar, algunos trabajadores se ven forzados a consumir analgésicos y bebidas energizantes “para rendir arduas jornadas laborales” poniendo en riesgo la salud de las personas, según señaló la experta Jakulevičienė.
“A lo largo de nuestras reuniones, recibimos testimonios reiterados sobre impactos negativos en los derechos humanos asociados a la minería, la energía, la construcción, la agricultura y otras actividades”, agrega el informe.
Las expertas también señalaron que han habido avances en la protección de los derechos de las poblaciones como la vías para que comunidades y pueblos indígenas impugnen proyectos instalados en sus territorios con los que no están de acuerdo. El grupo dijo que presentará su informe final sobre su visita a Guatemala a la Asamblea de Naciones Unidas a mediados del próximo año.
