CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez dispuso el martes la salida de prisión y la libertad restringida de dos líderes indígenas que encabezaron protestas en 2023 para que el actual presidente de Guatemala Bernardo Arévalo pudiera tomar posesión del cargo.
Mynor Moto, juez que conoce la causa, concedió a Luis Pacheco y Héctor Chaclán la prisión domiciliaria, que en Guatemala supone que pueden movilizarse dentro del departamento donde tienen su vivienda. Los dos fueron acusados de terrorismo, obstrucción a la acción penal y asociación ilícita por quien en 2023 lideraba la Fiscalía General, Consuelo Porras.
La defensa de ambos había pedido en audiencia a Moto una medida alternativa a la prisión en la que se encuentran desde el abril de 2025.
El juez dispuso que para que salgan de prisión, cada uno de los líderes indígenas debe pagar una fianza de 160.000 quetzales (unos 21.000 dólares).
Tienen además la obligación de dejar registrada su huella dactilar una vez al mes, están sujetos a la prohibición de salir del país sin autorización y no podrán trabajar en el servicio público.
Pacheco y Chaclán acudieron este martes por primera vez a una audiencia desde que fueron apresados. Su defensa ha cuestionado que el caso ha tenido por lo menos tres jueces distintos y cuatro juzgados diferentes, y se ha retrasado de forma maliciosa.
Al llegar al tribunal Pacheco dijo a periodistas que “es indignante ver de qué manera recusaron a los jueces o los jueces se excusaron de forma malintencionada para mantenernos más tiempo en prisión”.
A las afueras del Organismo Judicial miembros de 48 Cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas más grandes y respetadas del país y a la que Pacheco y Chaclán pertenecen, dijeron que sus líderes fueron “detenidos injustamente por defender la democracia".
“Las familias de Luis y Héctor, que están aquí presentes, han sufrido mucho durante todo este tiempo su ausencia y esperan que hoy puedan regresar a casa. Esperamos que el juez resuelva con objetividad e imparcialidad y que se garantice un proceso justo”, dijeron las autoridades indígenas.
Pacheco y Chaclán fueron acusados por la Fiscalía General liderada por Porras. En su arremetida contra el gobierno de Arévalo, la entonces fiscal sostuvo que los líderes indígenas se habían asociado para mantener al país paralizado por 20 días, bloqueando calles y carreteras porque la fiscalía buscaba evitar que Arévalo tomara posesión del cargo.
Tras asumir la presidencia en 2024 Arévalo nombró a Pacheco, un indígena K’iche’ con estudios en Derecho, como viceministro de Desarrollo Sostenible en su intento por incluir a la población indígena en su gobierno.
Los líderes han mantenido su inocencia y denunciado que la Fiscalía criminalizó a la organización 48 Cantones, que encabezó las protestas.
Porras finalizó su gestión en mayo de este año y el nuevo fiscal general Gabriel García Luna ha dicho que no continuará con esas causas. Porras ha sido sancionada por más de 40 países acusada de socavar la democracia guatemalteca y obstaculizar la lucha anticorrupción.
