CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ofreció el miércoles disculpas públicas en nombre del gobierno a los líderes indígenas que fueron acusados por la Fiscalía de haber liderado protestas sociales en 2023 en reclamo de la renuncia de la entonces fiscal general, Consuelo Porras, y del respeto al resultado de las elecciones presidenciales en las que fue elegido.
Las disculpas fueron dirigidas a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes estuvieron presos más de un año acusados de terrorismo, así como a Basilio Puac y María Juana Elías, dirigentes de la organización 48 Cantones de Totonicapán, la organización indígena más grande del país. También fueron extendidas a Esteban Toc, de la alcaldía indígena del departamento de Sololá, así como a las juntas directivas de ambas organizaciones en 2023.
“El proceso penal en su contra fue arbitrario e ilegal, una persecución sesgada y espuria”, dijo Arévalo en su discurso de disculpas, y agregó que se estigmatizó la lucha de las comunidades.
El mandatario destacó que los líderes indígenas ejercieron su derecho a defender la democracia de forma pacífica, con la legitimidad que les otorgan sus comunidades “y con la vocación de servicio que distingue a la autoridad ancestral”.
"Pero el Estado, en lugar de reconocerlos y protegerlos, los criminalizó utilizando maliciosamente el derecho penal a través del Ministerio Público y el sistema de justicia”, reprochó el presidente.
Liberados por falta de pruebas
La disculpa fue ordenada por un juzgado que a principios de agosto dejó en libertad a los dirigentes, estableciendo que estuvieron presos sin pruebas ni sustento. Los detenidos siempre defendieron su inocencia.
“Fue una agresión, un ataque contra instituciones legítimas, contra autoridades territoriales y ancestrales que existen desde mucho antes que el propio Estado y que generación tras generación han sostenido la vida comunitaria de sus pueblos”, dijo Arévalo.
Pacheco, que en 2023 era el presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones y lideró las protestas, agradeció el gesto del gobierno. “No tengamos miedo, manifestar nuestros derechos, apegados al derecho, no es delito”, afirmó el líder indígena.
Julio Saavedra, procurador general, destacó que "el Estado persiguió penalmente a los 48 Cantones de Totonicapán y a su junta directiva como si se tratara de una organización criminal, la prueba determinó lo contrario”.
Los 48 Cantones de Totonicapán es una organización comunitaria indígena maya y ancestral del pueblo K'iche'. Su origen es colonial y su lucha se fundamenta en la defensa de su cultura y cosmovisión.
En 2023 organizaciones indígenas, estudiantiles, profesionales y de la sociedad civil paralizaron el país por 20 días para exigir que la fiscalía a cargo de Porras respetara la voluntad popular en los comicios en los que Arévalo fue elegido presidente. Porras y sus fiscales buscaban que las elecciones se declararan fraudulentas y fueran anuladas para impedir la llegada del dirigente político al poder.
La fiscalía acusó y persiguió a los líderes de las protestas por delitos que iban desde la asociación ilícita, la sedición, el terrorismo, la obstaculización de la acción penal y la obstrucción a la justicia.
Eduardo Tax, actual presidente de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, dijo que “los pueblos comunitarios no somos enemigos de la democracia" sino parte de ella, y que el acto de disculpa debe servir para “reivindicar su nombre y su dignidad”.
Miguel Ángel Vicente, alcalde indígena de la Municipalidad de Sololá, afirmó por su lado que las disculpas deberían ir acompañadas de acciones, como mejoras en la economía comunitaria y en la salud, y servir para “contribuir a restablecer la dignidad de las autoridades indígenas”.
Porras fue sancionada en 2024 junto a empleados y funcionarios cercanos por la Unión Europea por socavar la democracia y el Estado de derecho. Años antes fue sancionada por Estados Unidos por obstaculizar la lucha anticorrupción. Son sanciones que se mantienen hasta hoy.
