YAKARTA, Indonesia (AP) — Las fuerzas armadas de Indonesia movilizaron a más de 20.000 soldados y efectivos en la capital, Yakarta, informaron funcionarios el miércoles, mientras las autoridades investigan una presunta operación ilegal de escuchas telefónicas contra el presidente del país que ha llevado a la detención de tres altos mandos de la policía.
El escándalo cobró mayor relevancia después de que el palacio presidencial afirmó que las presuntas escuchas contra Prabowo Subianto podrían considerarse una conducta “conducente a traición”. La información sensible a la que se puede acceder a través de las comunicaciones de un jefe de Estado podría poner en peligro al país y al liderazgo nacional, señaló.
Entre los implicados en el escándalo figura el general Listyo Sigit Prabowo, quien fue nombrado jefe del gabinete presidencial el mes pasado. El presidente lo destituyó el miércoles. Listyo se desempeñó anteriormente como jefe de la policía nacional después de ser nombrado por el entonces presidente Joko Widodo en 2021.
Hay acusaciones de que funcionarios, políticos, periodistas, líderes de la sociedad civil y empresarios también fueron sometidos a vigilancia no autorizada.
Miles de militares en la capital en medio de las detenciones
Las autoridades no han confirmado que el despliegue esté relacionado con la investigación de las escuchas. La primera fase del operativo comenzó el lunes con 2.100 efectivos de unidades ya estacionadas en Yakarta.
Las tropas procedentes de fuera de la capital debían empezar a llegar el miércoles, lo que elevaría el total de efectivos a 20.980, según el asistente de operaciones de la Armada, el vicealmirante Yayan Sofiyan.
Entre los movilizados hay efectivos de unidades de infantería de marina y de la Armada, así como de centros de entrenamiento y bases navales de Java y de la provincia de Lampung. Otros 13.140 están en reserva y listos para ser desplegados si es necesario, indicó Sofiyan.
Sofiyan no dio detalles sobre el propósito del despliegue ni respondió a preguntas sobre si existían preocupaciones por la seguridad o por tensiones políticas en Yakarta.
El portavoz de las fuerzas armadas indonesias, el mayor general Muhammad Nas, afirmó que el movimiento de tropas era un procedimiento estándar para mantener la seguridad nacional y la integridad territorial.
“Los despliegues de tropas son algo normal”, manifestó Nas, añadiendo que el ejército “debe estar siempre preparado para proteger a toda la nación y salvaguardar la integridad de la República de Indonesia”.
Oficina presidencial, preocupada por la seguridad nacional
El ministro de la secretaría de Estado, Prasetyo Hadi, declaró en una conferencia de prensa en el palacio presidencial en Yakarta el miércoles que la presunta vigilancia al presidente generó preocupación por la seguridad nacional.
“Si hablamos de un jefe de Estado, hay una gran cantidad de información altamente sensible que podría utilizarse con fines que pongan en peligro los intereses de la nación", dijo Hadi. "Lo que hicieron podría considerarse como algo que conduce a un acto de traición porque pone en riesgo los intereses del Estado, incluido el liderazgo del país”.
Yusril Ihza Mahendra, el ministro coordinador de derechos humanos, inmigración y correcciones, indicó que se hallaron indicios de que la trama fue más allá de la interceptación ilegal y podría apuntar a un esfuerzo más amplio para socavar al gobierno. Subrayó que la evaluación no era definitiva y que los investigadores seguían explorando el motivo y el objetivo final de la vigilancia.
“Con base en el avance de la investigación hasta ahora, hay señales e indicios que apuntan a un acto de traición”, declaró Mahendra en una conferencia de prensa aparte el miércoles.
Señaló que los investigadores inicialmente tenían pruebas suficientes para proceder con cargos por escuchas e interceptación, pero hallazgos posteriores sugirieron que la operación fue dirigida a “paralizar al gobierno para que no pudiera funcionar”.
Como las presuntas interceptaciones se dirigieron específicamente al presidente, los investigadores están examinando si podrían aplicarse cargos adicionales en virtud del Artículo 191 del Código Penal de Indonesia, que conlleva penas de hasta la sentencia de muerte.
Sigue sin estar claro quién pudo haber ordenado las escuchas
La policía anunció el martes por la noche en una conferencia de prensa televisada que detuvo a tres altos mandos de la policía como sospechosos en la investigación sobre las presuntas escuchas ilegales.
La policía identificó a Listyo y a otros dos generales, Ahrie Sonta Nasution y Eko Hadi Santoso, como sospechosos en un caso que incluye intercepción ilegal de comunicaciones, acceso ilícito a sistemas electrónicos y eliminación de datos electrónicos, y precisó que fueron detenidos el domingo.
La policía sostiene que las escuchas ocurrieron entre 2025 y 2026 —cuando Listyo era el jefe de la policía — y que los sospechosos ordenaron las intervenciones sin seguir el procedimiento adecuado.
Además, están acusados de haber ordenado a finales de octubre la eliminación de archivos que contenían comunicaciones interceptadas, en un supuesto intento de ocultar pruebas y borrar rastros de la operación.
Bambang Rukminto, analista policial del Instituto de Estudios de Seguridad y Estratégicos, estimó que las presuntas escuchas a un presidente en funciones plantean interrogantes mucho más graves que la vigilancia a empresarios, líderes de partidos políticos u otras figuras públicas.
De acuerdo con el analista, mientras las escuchas a objetivos de menor perfil podrían utilizarse para intimidar u obtener ventajas políticas, esa misma explicación sería difícil de aplicar en este caso.
“Pero si el objetivo es el presidente, ¿cuál sería el motivo? Intimidar al presidente claramente no es una explicación plausible”, sostuvo Rukminto.
“La investigación debe establecer no solo a los autores, sino también el uso previsto de la información y las partes que pudieron haber tenido interés en obtenerla”, manifestó.
Los sospechosos no han respondido públicamente a las acusaciones de escuchas.
Adrianus Meliala, criminólogo de la Universidad de Indonesia y excomisario de la Comisión Nacional de Policía, explicó que las acusaciones planteaban dudas sobre si la vigilancia se realizó en nombre de intereses ajenos a la fuerza policial o al Estado.
“Nadie esperaba que Listyo Sigit Prabowo fuera señalado como sospechoso”, dijo Meliala. “Pero si se prueban las acusaciones, el caso podría entenderse en el contexto de maniobras políticas. Cualquiera que se involucre en política también debe estar preparado para enfrentar las consecuencias políticas”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
