BEIRUT (AP) — El Parlamento de Líbano aprobó una polémica ley de amnistía general el miércoles, un día después que una mayoría de legisladores votara para abolir formalmente la pena de muerte.
Los legisladores que respaldaron el proyecto lo califican como un inicio para corregir excesos pasados del poder judicial y de los organismos de seguridad, además de ayudar a reducir el hacinamiento carcelario, pero los críticos sostienen que está sesgado y beneficia en gran medida a presos islamistas suníes.
La propuesta inicial, debatida desde 2019, ha dejado al descubierto tensiones entre la multitud de sectas islámicas y cristianas del país.
Una ley amplia con excepciones
La última vez que Líbano aprobó una amnistía similar fue en 1991, cuando la mayoría de los combatientes del país y los líderes de milicias fueron absueltos de cualquier atrocidad y de posibles crímenes de guerra tras la devastadora guerra civil de 1975-90, que mató a unas 150.000 personas y dejó 17.000 desaparecidos.
La nueva ley sustituye las condenas a muerte por largas penas de prisión, reduce las cadenas perpetuas y libera a algunos milicianos y narcotraficantes condenados. Excluye la violación, la trata, la corrupción, la financiación del terrorismo y el asesinato premeditado, pero reduce las penas por matar a soldados libaneses. Algunos detenidos serán liberados de inmediato.
Los reincidentes en delitos de drogas y los libaneses condenados por colaborar con Israel quedaron excluidos de la amnistía.
También sigue sin saberse si la amnistía se aplica a familias libanesas que se refugiaron en Israel luego que las fuerzas israelíes de ocupación se retiraran del sur de Líbano en 2000, pero que no participaron en operaciones militares contra Líbano.
Los presos extranjeros liberados, principalmente milicianos islamistas sirios, serán transferidos a la agencia de inteligencia de la Seguridad General de Líbano, responsable de hacer cumplir las leyes migratorias. De momento se desconoce si serán deportados.
Aumentan preocupaciones por destino de presos islamistas extremistas
Cuando la ley se debatía en el Parlamento, legisladores de diversas sectas plantearon distintas exigencias.
Los suníes querían la liberación de milicianos islamistas, y los chiíes exigían que se liberara a narcotraficantes, en su mayoría de la región oriental libanesa de Baalbek, donde se cultiva cannabis. Los cristianos reclamaban una amnistía para cientos de libaneses que huyeron a Israel tras la retirada israelí. Muchos tienen vínculos con la milicia del Ejército del Sur de Líbano, respaldada por Israel, que se derrumbó tras la retirada.
Sin embargo, el punto más polémico del debate de años fue el destino de presos islamistas extremistas, incluido el clérigo incendiario Ahmad al-Assir.
Al-Assir ganó apoyo en el sur de Líbano por sus críticas abiertas a la participación del poderoso grupo político-paramilitar chií Hezbollah en el levantamiento en Siria que derivó en guerra civil. En 2013, enfrentamientos entre sus partidarios y sus opositores mataron a 18 soldados libaneses. Fue condenado a muerte en 2017.
Su destino sigue sin estar claro, pero el legislador libanés Waddah Sadek, musulmán suní y partidario de la ley, declaró a The Associated Press que al-Assir podría ser liberado “entre un año y medio y dos años”.
Algunos celebran, otros se sienten agraviados
Los legisladores suníes celebraron en gran medida la aprobación de la ley.
Bilal Abdullah, que representa al Partido Socialista Progresista, liderado por drusos, manifestó que la ley de amnistía no pretende beneficiar a una sola secta.
“Estamos pasando una página política en la que (los suníes) fueron objeto de ataques, justa e injustamente", señaló Abdullah a los periodistas en el Parlamento. "Fueron blanco de un régimen, de los organismos de seguridad y, lamentablemente, del tribunal militar con algunas de sus condenas injustas”.
Los partidarios de los islamistas detenidos afirman que sus condenas se dictaron en un momento en que Hezbollah tenía mayor poder político en el país y más influencia sobre sus instituciones de seguridad y el sistema judicial, apuntando directamente contra los musulmanes suníes del país.
También señalaron que a los detenidos no se les permitió un juicio justo y que algunos permanecieron demasiado tiempo en prisión preventiva debido a que los tribunales libaneses están desbordados.
Videos que circulaban en redes sociales mostraban a presos islamistas en la notoria prisión de Roumieh coreando “Dios es grande” en celebración una vez que se aprobó la ley.
Las familias de los soldados libaneses muertos han calificado la ley como una grave injusticia, al afirmar que los responsables de la muerte de sus seres queridos deberían seguir tras las rejas o incluso ser condenados a muerte.
La sociedad civil y los reformistas han sido en gran medida críticos de la medida.
El activista y abogado Nizar Saghieh, cofundador del grupo de vigilancia Legal Agenda, sostuvo que la justicia “llega a través de la rendición de cuentas y la construcción de instituciones, no mediante una amnistía general”.
Saghieh cuestionó a los legisladores que calificaron la amnistía como una forma de justicia debido a lo que, según ellos, fueron juicios injustos en tribunales militares y civiles. Sin embargo, no han impulsado reformas estructurales reales, afirmó.
“Hablan de injusticia en los tribunales militares, pero siguen funcionando como antes”, lamentó.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
