CIUDAD DE MÉXICO. (AP) — Un juez mexicano exoneró a Francisco Garduño, exjefe de la agencia migratoria, del delito de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones en el incendio de un centro de detención en 2023 en el que murieron 40 migrantes y una treintena resultaron heridos, al considerar que se cumplieron las medidas de reparación de los daños, algo que rechazan las víctimas, quienes apelarán la decisión.
“Ayer volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder”, denunció el miércoles en X una de las ONG que representa a los migrantes, la Fundación para la Justicia. A su juicio, la decisión del juez de cerrar la acción penal contra Garduño, que es una exoneración de facto, “confirma que en México la justicia es selectiva” y niega a las víctimas “una reparación integral” y garantías de que hechos similares no se repitan.
Miguel Zenteno, abogado de la Fundación, recordó que la decisión del juez no es definitiva porque se va a apelar y, además, hay otro recurso pendiente de resolver contra las medidas de reparación que, según las víctimas, no cumplían con lo que ameritan hechos tan graves.
El 27 de marzo de 2023 unos 70 hombres estaban hacinados en un dormitorio cerrado con candado, sin ventilación y sin apenas agua en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas. Al caer la noche un pequeño grupo prendió fuego a unas colchonetas en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo lo cubrió todo.
Las cámaras de seguridad grabaron cómo los guardias salieron del lugar pese a los gritos de auxilio y sin siquiera acercarse a abrir las rejas. Sólo las mujeres, retenidas en otra celda, fueron liberadas. La mayoría de las víctimas fueron centroamericanos y venezolanos.
Garduño, un exagente de prisiones y actual funcionario de la Secretaría de Educación, lideró el Instituto Nacional de Migración (INM) desde 2019 a 2025 pese al trágico suceso.
El juez había exigido que Garduño indemnizara a las familias, que tuvieran atención medica especializada gratuita, que el funcionario se disculpara públicamente, que se impartieran cursos de derechos humanos al personal de migración y que se garantizara la no repetición de los hechos.
Zenteno reconoció que las medidas se cumplieron pero solo parcialmente porque los pagos por daños no los hizo Garduño, que es lo que establecía el proceso, sino el INM y no han supuesto una reparación integral de las familias. Además, las víctimas no supieron ni cómo acceder a los servicios médicos gratuitos y la disculpa “fue mera formalidad, no sustancial”.
Además de Garduño, otro exdirectivo del instituto fue acusado de los mismos delitos. Seis agentes migratorios, entre ellos un militar, un guardia de seguridad privada y los dos migrantes señalados de iniciar el fuego están acusados de homicidio y lesiones. La mayoría de los funcionarios siguen su proceso en libertad.
