MIAMI (AP) — El plazo para que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump decida si unos 200.000 inmigrantes oriundos de El Salvador pueden mantener sus protecciones contra la deportación venció sin que hubiera un anuncio público, avivando las esperanzas de muchos de ellos de obtener una extensión por otros seis meses, aunque el silencio también sembró algo de confusión.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) se ha mantenido en silencio sobre sus planes, lo que ha llevado a abogados y activistas a esforzarse por descifrar cuál sería el siguiente paso para los salvadoreños que han estado criando familias en Estados Unidos desde hace décadas.
El DHS emitió el jueves un comunicado en el que señaló que hará un anuncio “en el momento apropiado” y que el Estatus de Protección Temporal para El Salvador seguirá vigente hasta entonces. La agencia ya había publicado el mismo comunicado el miércoles.
“Seamos claros: esto no es una prórroga oficial ni una decisión del DHS sobre el destino del TPS para El Salvador”, publicó el miércoles en redes sociales Ben Johnson, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. El gobierno de Trump está dejando a los beneficiarios del TPS, a sus familias y a sus empleadores en el limbo, observó.
Algunos abogados advierten que el gobierno podría eliminar las protecciones sin emitir una declaración pública, o anunciar una decisión en cualquier momento.
Vivir en el limbo después de todos estos años
La falta de un anuncio ha elevado las expectativas de que los inmigrantes salvadoreños puedan evitar el mismo destino que los cientos de miles de inmigrantes de otros países, cuyos estatus de protección han llegado a su fin durante el segundo mandato de Trump. Pero la falta de claridad también es angustiante.
“Enfrentar esta incertidumbre es frustrante y doloroso", dijo Doris Landaverde, quien tenía 21 años cuando cruzó la frontera de Estados Unidos sin autorización legal en diciembre de 2000, en busca de mejores oportunidades laborales . Meses después obtuvo el estatus de TPS y desde entonces ha trabajado legalmente, en su mayor parte realizando labores de limpieza en la Universidad de Harvard, explicó.
Ahora, la madre soltera de 47 años señaló que ella y sus dos hijas —nacidas en Estados Unidos— consideran que este país es su hogar. La vivienda y la atención médica de sus dos hijas, ciudadanas estadounidenses, dependen de los ingresos de ella, y sin el TPS podría perder su empleo, explicó.
“Hemos vivido legalmente aquí desde hace décadas, y eso es difícil de borrar”, señaló. “Estoy enojada; hemos hecho todo lo que nos han pedido que hagamos legalmente”.
¿Trump hará una excepción para su aliado?
El Salvador, que en el pasado fue uno de los lugares más violentos del mundo debido a la amplia presencia del crimen organizado, se ha convertido en uno de los países más seguros del continente americano desde que el presidente Nayib Bukele lanzó una ofensiva contra las pandillas en 2022.
Aunque grupos defensores de los derechos humanos acusan al gobierno de Bukele de abusos generalizados, el país es notablemente más seguro que muchas otras naciones cuyos habitantes han perdido protecciones del TPS recientemente.
Haití es quizá el ejemplo más claro: los vuelos de deportación desde Estados Unidos no pueden aterrizar en Puerto Príncipe debido a que buena parte de la ciudad está bajo el control de pandillas. Se estima que más de la mitad de la población requiere de asistencia humanitaria debido al aumento de la violencia de las pandillas, en medio del agravamiento de la pobreza y el hambre.
A consecuencia de ello, los vuelos de deportación desde Estados Unidos aterrizan en la ciudad de Cabo Haitiano, en el norte del país. Washington envió el jueves su cuarto vuelo semanal consecutivo de deportación a Haití, según el Monitor de Vuelos del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que pertenece al grupo activista Human Rights First.
Pero Trump mantiene una relación muy distinta con Bukele de la que tiene con el atribulado gobierno de Haití.
Bukele ha respaldado la campaña de deportaciones de Trump y su gobierno fue uno de los primeros en recibir deportados, a los cuales mantuvo retenidos en un enorme complejo penitenciario, llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Pero la deportación a gran escala de sus propios ciudadanos desde territorio estadounidense podría sacudir a la economía de El Salvador. Los salvadoreños en Estados Unidos enviaron el año pasado 9.900 millones de dólares en remesas al país centroamericano, lo que representa el 24% del producto interno bruto del país, según el banco central de El Salvador.
Trump y Bukele han sostenido dos encuentros en Washington desde abril del año pasado. En 2019, durante el primer gobierno de Trump, Bukele le pidió al mandatario estadounidense que prorrogara el TPS. Bukele no ha dicho públicamente si ha solicitado otra prórroga.
Más de 1 millón de personas están ahora sujetas a deportación
Durante el segundo mandato de Trump, el DHS ha puesto fin al TPS para más de 1 millón de personas de más de una docena de países, incluidos Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán y Siria. Además de los salvadoreños, unas 103.000 personas —de Ucrania, Sudán y Líbano— mantienen las protecciones del TPS.
El gobierno de Trump obtuvo una importante victoria cuando la Corte Suprema dictaminó en junio que actuó dentro de sus facultades al poner fin al TPS para unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios.
Tom Homan, zar fronterizo de Trump que ha abogado por poner fin al TPS, declaró el martes que la decisión sobre El Salvador recae en el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
“Si vence, depende del secretario”, declaró Homan. “Estatus de protección temporal significa temporal. Seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca gracias al nuevo presidente que está al mando”.
El Congreso creó las protecciones temporales en 1990
El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar las deportaciones hacia países que sufren desastres naturales o conflictos internos.
El TPS permite que las personas que ya se encuentran en Estados Unidos permanezcan en el país con permisos de trabajo renovables, en caso de que el titular del DHS determine que no hay condiciones seguras para su regreso. Las normas federales indican que el estatus se prorroga automáticamente por seis meses si el secretario no toma una decisión al menos 60 días antes del vencimiento de la designación. Sin embargo, no está claro si se ha tomado una determinación en el caso de El Salvador.
Se concedió el TPS a El Salvador tras dos devastadores terremotos en 2001 que dejaron a cientos de miles de personas sin hogar. Poco antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden lo prorrogó para los salvadoreños por 18 meses, hasta el 9 de septiembre de 2026.
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Sullivan informó desde Minneapolis. Los periodistas de The Associated Press Rebecca Santana en Washington y Rodrique Ngowi en Boston contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
