RUIDOSA, Texas, EE.UU. (AP) — El mensaje del gobierno del presidente Donald Trump ha sido claro: seguirá adelante con un proyecto de muro fronterizo de 46.000 millones de dólares que se extiende desde el océano Pacífico hasta el golfo de México.
No obstante, en la región de Big Bend, en Texas, el gobierno se ha topado con una fuerte oposición por parte de los propietarios de tierras, muchos de los cuales se rehúsan a ceder partes de sus terrenos para lo que consideran un despilfarro del dinero de los contribuyentes.
Dicha resistencia complica el emblemático proyecto de infraestructura de Trump, en una batalla que se ha convertido en una prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para hacer realidad su visión de una frontera sur fortificada.
El gobierno ha destinado miles de millones de dólares y ha dejado sin efecto las protecciones ambientales y de otro tipo para impulsar su proyecto, a pesar de que en la región se registran cifras históricamente bajas de cruces ilegales, de sus formidables barreras naturales, y de que ha surgido una oposición bipartidista que ha alterado la dinámica política tradicional en torno a la frontera.
Aunque el gobierno federal cuenta con amplias facultades para imponer la realización del proyecto, una jueza ha ordenado la suspensión temporal de las obras en toda la región, lo que ha dado un enorme impulso a los propietarios que han buscado frenar el muro negándose a cooperar con los topógrafos gubernamentales, protestando en reuniones del condado y preparándose para litigios judiciales.
“La resistencia de los propietarios ha hecho que el avance de este proyecto sea extremadamente lento”, dijo David Keller, un propietario quien emprendió acciones legales para detener los planes fronterizos en la región de Big Bend, llamada así por la pronunciada curva que hace allí el río Bravo, conocido en Estados Unidos como río Grande. El gobierno, añadió, estaba “pésimamente preparado ante el avispero que alborotó”.
Trump ha prometido construir el muro fronterizo desde hace mucho tiempo
Desde hace mucho tiempo, la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México ha sido una promesa electoral clave de Trump. El gobierno siguió adelante con la iniciativa luego de que los republicanos aprobaran el año pasado una partida de 46.000 millones de dólares para el muro como parte de un amplio paquete de medidas para el control de la inmigración.
A pesar de que el número de cruces ilegales se ha desplomado durante el mandato de Trump, el gobierno sostiene que los muros, las barreras para vehículos, la tecnología de vigilancia y los caminos de patrullaje son necesarios para mantener bajas dichas cifras.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dice que construye un promedio de aproximadamente 20 kilómetros (12 millas) de barrera por semana, y que recientemente alcanzó el hito de más de 320 kilómetros (200 millas) de nuevos muros construidos durante el gobierno de Trump.
En Big Bend, donde la construcción comenzó en septiembre, el gobierno planea invertir 7.500 millones de dólares para reforzar la frontera a lo largo de una región que se extiende más de 800 kilómetros (500 millas).
En agosto, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) detuvo a 8.870 personas a lo largo de la frontera sur. En Big Bend, que abarca aproximadamente una cuarta parte de la totalidad de la frontera entre Estados Unidos y México, se realizaron 161 detenciones.
“El pueblo estadounidense ya ha visto las consecuencias de una frontera desprotegida”, dijo Rodney Scott, comisionado de la CBP, tras una demanda presentada por propietarios de tierras contra el proyecto en Big Bend. “No podemos permitir que ninguna región —incluida Big Bend— sea explotada de nuevo”.
Los propietarios se preparan para batallas judiciales
A diferencia de otras zonas fronterizas, gran parte de las tierras en Texas son de propiedad privada o estatal.
El gobierno debe obtener la autorización de los propietarios para realizar estudios topográficos y construir, pero si ellos se niegan, puede llevarlos a juicio. El proceso mediante el cual el gobierno toma la propiedad de alguien para uso público a cambio de una compensación —es decir, realiza una expropiación forzosa—, se conoce en Estados Unidos como “dominio eminente” y los tribunales suelen dar la razón al gobierno en estos casos.
Pero eso no ha disuadido a Dianna y Dan Burbach.
Los Burbach comenzaron a recibir documentación en julio en la que les solicitaron su permiso para inspeccionar su propiedad, junto con un mapa que mostraba por dónde pasaría el proyecto, justo detrás de su casa. En una carta enviada en agosto se indica que el gobierno tenía una “necesidad inmediata” de acceder al terreno y advertía que podría recurrir a la vía judicial en un plazo de 90 días.
Dianna, de 63 años, y su esposo, de 79, llegaron aquí hace 25 años y criaron a cuatro hijos en su casa naranja de adobe, situada en una propiedad que se extiende hasta el río Bravo. Ahora, ya jubilados, les preocupa que la construcción pueda agravar las inundaciones y dejar 6 hectáreas (15 acres) de su terreno al otro lado del muro.
“Dejaremos que nos lleven a juicio y que intenten expropiar”, manifestó Dianna. “Lo combatiremos de esa manera”.
Un funcionario del Departamento de Justicia señaló que la CBP ha llegado a acuerdos con decenas de propietarios de tierras en Big Bend, y que, además, el gobierno ha contratado a abogados especializados en expropiaciones en Texas ante la previsión de litigios. A lo largo de la frontera sur, se han remitido al departamento unos 70 casos de ese tipo durante el segundo mandato de Trump y 50 ya se resolvieron —sin que ninguno llegara a juicio—, agregó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato conforme a las normas establecidas por el gobierno.
La No Big Bend Wall Coalition, que afirma contar con una red de más de 200 propietarios de tierras, presentó una demanda recientemente para impedir la construcción. Los demandantes argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hace un uso indebido de sus facultades en una región donde la actividad transfronteriza ilegal es muy baja.
En la mayoría de los casos, las demandas judiciales que buscan detener o enlentecer los proyectos del muro fronterizo no han sido exitosas. Sin embargo, en una victoria importante para los opositores, una jueza federal prohibió temporalmente la construcción del muro en la zona de Big Bend. Los demandantes argumentaron que el gobierno se excedió en sus facultades otorgadas por el Congreso al emitir exenciones de gran alcance para eludir normativas ambientales y de otro tipo.
Keller dijo que el fallo de la jueza fue “categóricamente una buena noticia,”, pero que la incertidumbre sobre el futuro del proyecto significa que los propietarios de tierras continuarían con su lucha.
Hasta el momento, se ignora por cuánto tiempo logrará frenar la orden judicial las acciones del gobierno, que a última hora del jueves solicitó que la jueza dejara sin efecto su orden mientras tramita una apelación.
En el escrito judicial, el gobierno también argumentó que dejar tramos de la frontera sin una infraestructura de seguridad adecuada podría provocar un efecto embudo, en el que la inmigración ilegal o el contrabando se canalizan hacia la zona menos fortificada, específicamente, la región de Big Bend.
Protestas contra contratistas y presión a funcionarios locales
Otros opositores presionan a los gobiernos locales para que no colaboren con los contratistas. Charlie Angell, un operador turístico a quien el gobierno notificó que quería tener acceso a sus tierras para el proyecto fronterizo, y su pareja, Bibiana Gutierrez, asisten a reuniones de los condados en toda la región.
Ellos y otros propietarios de tierras y negocios han organizado protestas, patrullado las zonas donde trabajan los contratistas para detectar posibles infracciones, y colocado carteles que advierten a esos trabajadores que no son bienvenidos ni en los hoteles ni en los restaurantes locales.
En el condado de Terrell, los residentes instaron sin éxito a las autoridades a no arrendar terrenos del aeropuerto a un contratista encargado de la barrera. En el condado de Jeff Davis, se propuso un acuerdo para permitir que otro contratista utilice una carretera del condado, pero no se ha aprobado hasta el momento.
Los incentivos económicos para algunos de estos condados, necesitados de recursos, son evidentes, y algunos funcionarios locales han argumentado que tienen poca capacidad de influencia sobre un plan federal.
“No tenemos el control del muro fronterizo. No lo tenemos”, dijo Dale Lynn Carruthers, jueza del condado de Terrell, ante una sala abarrotada de personas que acudieron a manifestarse en contra del arrendamiento del aeropuerto. Explicó que, si no arrendaban los terrenos, el contratista simplemente los compraría en otro sitio. “Solo somos el pequeño condado de Terrell”.
Pero Angell y Gutierrez sostienen que la oposición local tiene más fuerza de la que algunos podrían imaginar.
“Si hubiéramos cedido, el muro ya estaría construido”, expresó Gutierrez.
La CBP declaró que aún busca acuerdos de acceso voluntario mientras finaliza el diseño del proyecto, pero que remitirá las disputas al Departamento de Justicia cuando sea necesario. Los propietarios de tierras recibirán una compensación independientemente de cómo se obtenga el acceso, añadió la agencia.
La oposición cuenta con respaldo bipartidista
Tras un aumento sostenido de los cruces fronterizos en la frontera sur durante años, la seguridad fronteriza y la inmigración fueron motivos clave por los que los republicanos votaron por Trump, y sus índices de aprobación en esos temas se encuentran entre los más sólidos que tiene.
No obstante, ante el drástico descenso de los cruces ilegales, incluso algunos republicanos que votaron por Trump debido al tema de la seguridad fronteriza han cuestionado la necesidad de esta infraestructura de miles de millones de dólares en la zona de Big Bend.
Los jefes de policía locales se opusieron al proyecto desde el principio, y las obras de excavación con maquinaria pesada en el Parque Nacional Big Bend provocaron que el senador republicano John Cornyn exigiera explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional sobre las inquietudes de los texanos.
Laura Allen, una ganadera republicana quien votó por Trump en ambas ocasiones, ahora recibe notificaciones de que una barrera para vehículos atravesará la propiedad donde su familia cría ovejas y cabras. Aunque reconoce el mérito de Trump por haber cerrado la frontera, opina que es innecesario gastar miles de millones de dólares en barreras en Big Bend.
“Yo no voté por un muro”, dijo. “Quería que nuestra frontera estuviera segura. Y él lo consiguió”.
Thad Cleveland, jefe policial republicano del condado de Terrell, quien trabajó durante 26 años en la Patrulla Fronteriza, es una de las voces que se oponen al proyecto en Big Bend. Expuso que en el terreno accidentado del condado que patrulla, el uso de drones y torres de vigilancia tienen más sentido que un muro para localizar e interceptar a quienes cruzan la frontera ilegalmente.
“Tenemos la ventaja del tiempo y la distancia aquí”, añadió.
El propio terreno actúa como una barrera natural, dicen los críticos
En algunas zonas, el río está flanqueado a ambos lados por escarpados acantilados de piedra caliza, y en toda la región, es necesario atravesar inhóspitos terrenos desérticos para llegar a la carretera asfaltada más cercana o pasar por puestos de control de la Patrulla Fronteriza.
Para llegar a la propiedad de Gary Grabowske es necesario avanzar con dificultad por senderos montañosos rocosos y atravesar barrancos excavados por crecidas repentinas. Desde lo alto de un acantilado de 137 metros (450 pies), se puede ver el río Bravo muy abajo. No hay electricidad, agua corriente ni internet, y, argumenta Grabowske, tampoco existe una ruta viable para que un vehículo entre desde México.
“No se puede bajar en una moto todoterreno hasta el fondo”, dijo Grabowske al señalar el cañón que se extiende más abajo. “Tampoco se puede bajar con una mula. Hay que descender por ahí a toda prisa, agarrándose con manos y pies”. Y añadió: “No existe ningún vehículo en el mundo capaz de atravesar este terreno”.
Quienes se oponen manifiestan que la disputa trasciende la cuestión de si un muro tiene sentido en Big Bend. La consideran una prueba para ver hasta dónde puede llegar el gobierno federal cuando los propietarios de tierras se interponen en el camino de una de sus prioridades.
“Somos un grupo de gente dura”, dijo Allen. “Pero si nuestro propio gobierno nos va a atropellar y a quitar nuestras tierras, ¿qué hace pensar a los demás en este Estados Unidos que están exentos (de que les ocurra lo mismo)?”
Los ganaderos intentan resistir
El rancho Zuberbueler, en el condado de Val Verde, fue fundado en 1898. Los hermanos Bill y Patrick son propietarios y arriendan miles de hectáreas (acres) de terreno escarpado que se extiende hasta el río. Sus cabras de Angora y sus ovejas Rambouillet pastan libremente por la propiedad, y se detienen en una red de abrevaderos.
Bill recuerda cuando, en febrero pasado, recibió la primera carta en la que se le daba un plazo de cinco días para responder a una solicitud de acceso a su propiedad con fines de construcción y que planteaba además la posibilidad de que el gobierno recurriera a la expropiación forzosa. Le preocupa cómo afectará la construcción a su ganado, especialmente a su suministro de agua. Y, aunque sus animales podrían pasar a través de las barreras para vehículos, los vaqueros que los pastorean no podrían hacerlo.
“No abunda el pasto aquí, por lo que cada metro cuadrado es importante para mi rentabilidad”, expuso Bill.
Hasta ahora, se han negado a permitir que nadie entre en sus tierras para realizar estudios topográficos o llevar a cabo obras de construcción. Sienten el peso del legado familiar y de los sacrificios que hicieron las generaciones anteriores para que el rancho prosperara.
“Independientemente de lo que pase, tenemos que decir que lo intentamos”, dijo Patrick.
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La periodista de The Associated Press Alanna Durkin Richer contribuyó desde Washington.
