BUENOS AIRES (AP) — En un abierto desafío al presidente Javier Milei, referentes de las universidades públicas argentinas se movilizaron el jueves en Buenos Aires y otras ciudades del país en reclamo de que cumpla una ley que garantiza fondos estatales para actualizar los salarios de los docentes y asegurar el funcionamiento de las casas de estudio.
En la capital, la quinta marcha en defensa de la educación pública que confluyó frente al Congreso terminó con violentos enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas federales que los dispersaron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
La manifestación se produjo en un clima de creciente descontento con las políticas de ajuste de Milei y luego de que en los días previos se sucedieran cortes de calles por parte de estudiantes que celebraron clases públicas y de que un juez impusiera una multa al Ejecutivo por incumplir una medida cautelar que lo obliga a acatar la Ley de Financiamiento Universitario.
El gobierno se resiste a la aplicación de esa norma aprobada por el parlamento en 2024 argumentando que rompe el equilibrio fiscal.
“Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene. Argentina va a terminar, por tercer año consecutivo, con uno de los gastos públicos en educación superior más bajos de América Latina”, alertó en un comunicado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), uno de los convocantes a la protesta.
El (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) —una de las de mayor prestigio en América Latina— lideran una demanda colectiva contra el Ejecutivo por el incumplimiento de la ley de financiamiento que ya ha logrado fallos favorables en tribunales inferiores y en corte de apelaciones.
Las autoridades de ambas instituciones afirman que el sistema universitario acarrea una caída de recursos de más de 40% desde 2023, lo cual ha provocado un severo deterioro del poder adquisitivo de los salarios de docentes y becas a estudiantes, en la investigación científica y el funcionamiento de los hospitales universitarios.
Piedras y gases
La movilización universitaria, que contó con la adhesión de organizaciones sociales y sindicatos que también reclamaban fondos para la salud pública y los discapacitados, transcurría en calma hasta que un grupo de manifestantes con los rostros cubiertos y sin indentificación partidaria comenzó a arrojar piedras contra la policía que custodiaba el Congreso.
En respuesta, las fuerzas federales dispersaron a los violentos con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Dirigentes universitarios tuvieron que interrumpir la lectura de un documento desde un escenario por la dificultad para respirar.
Una veintena de manifestantes fueron detenidos. Las autoridades reportaron ocho agentes heridos.
“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la justicia”, expresó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
Historia de un conflicto
La primera marcha universitaria transcurrió en abril de 2024, a cinco meses del inicio de la gestión de Milei. Esa multitudinaria movilización fue motivada por el congelamiento de los fondos para las universidades, que se declararon en emergencia presupuestaria.
Recientemente el juez federal Martín Cormick resolvió que Diego Santilli, jefe de Gabinete y responsable de la administración del presupuesto nacional, pague 100.000 pesos (65 dólares) diarios como multa por el incumplimiento de la ley.
En junio, un fallo de la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar de ese juez que obliga al gobierno a acatar los artículos de la norma que estipulan la actualización de los salarios del personal de las universidades y las becas estudiantiles.
La ley fue ratificada por ambas cámaras legislativas en 2025, luego de que el presidente la vetara bajo el argumento de que los legisladores no determinaron la fuente de financiamiento para las nuevas partidas.
