LA PAZ, Bolivia (AP) — Estados Unidos publicó el jueves una lista de 15 bolivianos a los que impuso restricciones de visas, entre ellos dos diputados y un exfiscal general, como parte de medidas, según Washington, dirigidas a ciudadanos que mediante supuestos actos de corrupción y narcotráfico socavan la democracia.
La medida tiene lugar casi un mes después de que revocó el visado al entonces fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y a más de otros 20 fiscales y jueces del país andino, 12 de los cuales fueron identificados como titulares de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump “apoya al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluyendo en sus tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos”, indicó una declaración del Departamento de Estado.
Entre los 15 ciudadanos que integran la lista a los que se les restringe el visado figuran los diputados Rafael Darío López, de la fuerza opositora Libre, y Rolando Santos Pacheco, de la opositora Alianza Popular. También al exfiscal general Juan Lanchipa (2018-2024), el exfiscal de la región amazónica de Beni, Felix Bardelas, y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, entre otras autoridades. La restricción también aplica a los familiares directos de esas personas, según el Departamento de Estado.
Horas después, Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pidió la renuncia de Quezada. Y desde la alianza Libre también exigieron que se retire al diputado López.
El vocero presidencial José Luis Gálvez aseguró en conferencia de prensa que se realizará una investigación y que al menos tres funcionarios incluidos en la lista fueron apartados de sus cargos antes de conocerse la decisión de Estados Unidos, entre ellos Diego Barboza, quien dirigió la Unidad de Investigaciones Financieras.
El 28 de septiembre, Estados Unidos revocó las visas a un grupo de exfuncionarios y sus familiares bolivianos, así como del entonces fiscal general Mariaca por acusaciones de presunta corrupción. La Asamblea Legislativa cesó de su cargo a Mariaca, mientras que un juez le dictó prisión preventiva por seis meses en la región sureña de Potosí.
Mariaca, designado en 2024 durante el gobierno izquierdista de Luis Arce (2020-2025), es acusado de supuestamente proteger al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y entregado a la DEA estadounidense en marzo pasado y quien vivía y operaba en el oriente boliviano mientras era buscado en varios países del continente, según las autoridades.
