BARCELONA (AP) — Un exmiembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Estadounidense en Myanmar fue detenido en España bajo acusaciones de irregularidades financieras que él y otros sostienen fueron inventadas por la junta actual.
Munimul Islam, director ejecutivo de Misfit Technologies, fue detenido el martes al llegar al aeropuerto internacional de Barcelona, donde iniciaría unas vacaciones con su esposa, según su abogado, Cristián Carci.
Su detención es el episodio más reciente de un caso de varios meses presentado por AmCham Myanmar en su contra; contra el expresidente de la junta, el estadounidense Adam Castillo; y contra el exdirector ejecutivo Ye Khaung “Danny” Kyaw, un australiano; y el cual es atendido arduamente por las autoridades de Myanmar.
Documentos contradicen las pruebas detrás de acusaciones
AmCham Myanmar lo acusa de malversación de fondos en la contratación de una firma de relaciones públicas con sede en Washington para ayudar en labores de cabildeo. Sin embargo, documentos muestran que los aproximadamente 300.000 dólares fueron pagados por su empresa directamente a Mercury Public Affairs y declarados según lo exigido por el gobierno de Estados Unidos.
“Este es un caso inventado”, sostuvo Islam, ciudadano de Bangladesh, a The Associated Press en una breve nota de voz tras su detención. “Tenemos todas las pruebas, la prensa tiene todas las pruebas, al tribunal de Myanmar se le han entregado todas las pruebas”.
Islam fue detenido en virtud de una “notificación roja” de Interpol que habían solicitado las autoridades de Myanmar, que buscaban su arresto por acusaciones de malversación de fondos.
Myat Phyu The, la actual directora ejecutiva de AmCham Myanmar, indicó que la organización no había sido informada de la detención de Islam.
“Las decisiones sobre los cargos, la detención, la libertad bajo fianza o, en última instancia, la culpabilidad son asuntos de las autoridades y tribunales competentes —no de AmCham Myanmar”, escribió en un correo electrónico.
Denuncia se centra en esfuerzo de cabildeo en Washington
La denuncia de AmCham se centra en la creación por parte de Castillo del Foro Económico Estados Unidos-Birmania como organización de cabildeo para la Cámara de Comercio, de la que fue presidente de 2023 a 2025, y en el contrato de 2024 que Castillo firmó con Mercury.
En su denuncia oficial, AmCham Myanmar afirmó que Castillo “recaudó ilegalmente” los 300.000 dólares usando el nombre de la asociación y que “no depositó esos fondos en las cuentas bancarias de la asociación”.
En su informe anual de mayo, la Cámara sostuvo que la junta nunca aprobó el acuerdo, que “no realizó pagos y no recibió servicios”, pero otros documentos de AmCham parecen contradecirlo.
Una resolución firmada de la junta, aportada por partidarios de Castillo, indicaba que la junta aprobó la iniciativa de cabildeo, autorizó la contratación de Mercury y acordó que la empresa de Islam, Misfit Technologies, aportaría el patrocinio.
Myat Phyu The dijo a la AP que la resolución era una fabricación reciente, pero actas de reuniones disponibles en el sitio web de la Cámara de Comercio indican que la junta conocía el acuerdo y lo aprobó.
Y aunque AmCham sostuvo que no había recibido servicios, la AP confirmó que Mercury sí organizó y asistió a múltiples reuniones en Washington con Castillo y otras personas.
Castillo pide que se examine cómo una disputa local se tornó en un asunto internacional
Castillo, un exmarine de Estados Unidos, fue liberado el 16 de septiembre tras tres meses en la notoria prisión de Insein, en Rangún, y fue obligado a abandonar el país luego que funcionarios del gobierno de Trump viajaran a la nación del sudeste asiático para presionar por su regreso.
Medios estatales de Myanmar reportaron que había sido deportado como un gesto para fomentar “relaciones diplomáticas amistosas con todas las naciones”, pero él afirmó que no hay evidencia de una orden de deportación en su pasaporte, y aún no sabe si se dictó algún veredicto en su contra.
En sus primeros comentarios públicos desde su liberación, Castillo declaró a la AP el jueves que España debería liberar de inmediato a Islam.
“Las autoridades españolas e Interpol deberían examinar cuidadosamente cómo se ha permitido que una disputa originada dentro de una cámara de comercio local en Myanmar escale hasta convertirse en un asunto internacional de aplicación de la ley”, señaló.
Ye Khaung Kyaw fue deportado la semana pasada después que lo presionaran para aceptar un acuerdo de culpabilidad por abuso de confianza, con la advertencia de que podría pasar al menos otro año en la prisión de Insein al tiempo que su caso iba a juicio, según una persona presente en el proceso que habló bajo condición de anonimato por temor a posibles represalias.
Historial de derechos humanos de Myanmar no favorece a extradición
Myanmar, país sumido en una sangrienta guerra civil, es gobernado por el presidente Min Aung Hlaing, quien encabezó al grupo de oficiales militares que tomó el control del poder a la mandataria elegida democráticamente Aung San Suu Kyi en 2021.
Desde entonces, ha consolidado el poder y celebró elecciones a comienzos de año, que detractores afirman que no fueron ni libres ni justas, como parte de un esfuerzo por asegurar mayor legitimidad internacional.
Human Rights Watch y otros grupos han reportado que el gobierno también ha revisado el sistema legal del país para facilitar su represión de cualquier disidencia y ha mantenido los procedimientos cerrados al público.
El general de brigada de policía en funciones Soe Lin Aung, portavoz del Ministerio de Asuntos Internos de Myanmar, que supervisa las fuerzas policiales del país, dijo a la AP que no había sido informado del arresto de Islam, y el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió a solicitudes de comentarios.
Tras su audiencia, se ordenó que Islam permaneciera detenido porque no tiene residencia en España. Está apelando la decisión y combatirá la extradición, aseveró Carci.
Parece poco probable que los tribunales aprueben una extradición a Myanmar. Según las regulaciones de la Unión Europea, una solicitud de ese tipo puede ser denegada si una persona enfrenta el riesgo de tortura, algo que Naciones Unidas ha dicho que se ha vuelto “sistemático” tras la toma del poder por parte de los militares.
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Rising reportó desde Bangkok. El periodista de The Associated Press John Leicester contribuyó a este despacho desde París.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.





