CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez cerró el proceso judicial contra cuatro dirigentes indígenas que fueron acusados por la fiscalía por liderar protestas en 2023 en defensa de la democracia y la institucionalidad, así como exigir la renuncia de la entonces fiscal general Consuelo Porras, denunciada por intentar frenar la toma de posesión del actual mandatario Bernardo Arévalo.
En su fallo la tarde del viernes, el juez Mynor Moto dijo que no encontró “evidencia de algún ilícito” en la acusación que la fiscalía hizo contra estas personas, dos de las cuales estuvieron en prisión durante un año sin juicio ni condena.
“El juez no encuentra fundamento serio para poder contradecir la postura del Ministerio Público (que pidió cerrar el proceso) con respecto a que los actos realizados en el tiempo, forma, condiciones no cuentan con asidero probatorio para que ustedes enfrenten debate oral y público”, indicó Moto.
En su fallo el juez también ordenó la devolución de una fianza de más de 30.000 dólares de dos líderes que permanecieron un año en prisión, archivo del proceso y ordenó al Estado guatemalteco ofrecer disculpas públicas a los dirigentes, ya que la fiscalía había acusado a su organización de ser un grupo criminal.
“Está determinado el reconocimiento de su posición como organización social, comunitaria a través de pueblos ancestrales e indígenas, la cual es legal, es legítima, tiene amparo constitucional y desde luego asidero nacional e internacional”, recalcó el juez en el fallo.
Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac, ex presidente y ex tesorero de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, y Esteban Toc, ex dirigente de la Municipalidad Indígena de Sololá, habían sido acusados de varios delitos, entre ellos asociación ilícita, terrorismo, obstaculización a la acción penal, obstrucción a la justicia y sedición. A pesar de no estar ya en la dirigencia de las organizaciones sus comunidades aún los reconocen como líderes indígenas.
En 2024, tras la toma de posesión de Arévalo, Pacheco fue nombrado viceministro de Energía y Minas, pero cuatro meses después la fiscalía lo detuvo. En julio del año pasado, Amnistía Internacional dijo que las detenciones eran abusivas y arbitrarias.
A principio de mes, Moto otorgó libertad a Pacheco y Chaclán.
Al salir de la audiencia, del viernes, Pacheco dijo que estaba satisfecho y agradecido con su familia y el apoyo recibido.
“Aquí no gana Luis Pacheco, gana el pueblo de Guatemala, el pueblo indígena, ganamos el reconocimiento, la libre determinación, la autonomía y nuestro derecho a manifestar”, afirmó.
Porras fue sancionada por más de 50 estados, incluida la Unión Europea, por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país centroamericano.
