CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez mexicano concedió el viernes prisión domiciliaria a un exgobernador opositor del estado noroccidental de Baja California que fue apresado en julio por presuntos vínculos con una red de contrabando de combustible, lo que desató una confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la oposición que señaló al gobierno de utilizar la justicia para perseguir a los adversarios.
La decisión fue anunciada por la Fiscalía General de la República que indicó en un comunicado que un juez federal del Estado de México concedió la medida cautelar de prisión domiciliaria a Ernesto “N” debido a que es un adulto mayor y “tiene problemas de salud”. La medida fue solicitada por la defensa del detenido.
El opositor Partido de Acción Nacional (PAN) confirmó que la decisión fue dictada a favor de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California y miembro de esa fuerza política, y expresó en un mensaje que difundió en su cuenta de X que espera que el proceso continúe “con pleno respeto a sus derechos, a la ley y al debido proceso”.
Se espera que Ruffo sea trasladado en los próximos días a su residencia en la ciudad de Ensenada, Baja California, donde tendrá vigilancia permanente de la Guardia Nacional.
Tras su detención el pasado 16 de julio, Ruffo, de 74 años, fue imputado de los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, y trasladado a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.
Sobre el caso la fiscal general Ernestina Godoy informó en julio que se había detectado “la más grande red de contrabando de combustible” que movilizaba de manera ilegal hacia México millones de litros de hidrocarburos procedente de refinerías de Texas. Las operaciones generaron al erario mexicano pérdidas por más de 220 millones de dólares, según el Ministerio Público.
Godoy detalló que la estructura logística y financiera empezó a operar a través de una empresa vinculada a actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos fundada por el exgobernador de Baja California, aunque nunca mencionó por su nombre al político opositor.
Pero la familia y abogados de Ruffo, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, negaron las acusaciones de la Fiscalía General.
La detención del opositor desató críticas de diferentes políticos mexicanos entre ellos el expresidente Vicente Fox (2000-2006) y el dirigente del PAN, Jorge Romero, quien señaló al gobierno de Sheinbaum de usar las instituciones de justicia con fines políticos.
“Prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, dijo Romero en alusión al proceso por narcotráfico que tienen pendiente en Estados Unidos el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios activos y retirados.
Rocha Moya solicitó en agosto un permiso para retirarse del cargo de manera indefinida. A pesar de que Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición del político oficialista y los otros funcionarios, la Fiscalía General de México no ha cumplido la petición y ha exigido las pruebas del caso.
Sheinbaum negó que el proceso contra Ruffo tuviera un trasfondo político y dijo que la investigación de la Fiscalía General se desarrolló durante casi un año.
En julio de 2025, las autoridades mexicanas incautaron más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo que estaban en vagones cisterna varados en las vías del ferrocarril, cerca de una estación de trenes en el estado de Coahuila, limítrofe con Texas.
Un día después de ese anuncio, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que una de las empresas investigadas en esa trama era Ingemar, fundada por Ruffo.
Desde el año pasado las autoridades han propinado varios golpes a las poderosas redes de robo y contrabando de combustible que generan pérdidas millonarias a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Según investigaciones adelantadas en Estados Unidos esas redes tienen vínculos con los cárteles mexicanos.
