Dinamarca y otros cuatro países de la Unión Europea acordaron el viernes un modelo de “centros de retorno” en países no pertenecientes a la UE y esperan empezar a enviar migrantes a esas instalaciones en 2027, indicó un funcionario el viernes.
El anuncio, realizado tras una reunión de un día en Copenhague, es el avance más reciente en un esfuerzo de los Estados de la UE por enviar a terceros países fuera del bloque a personas cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas.
“Avanzamos hacia lo que, en realidad, es una transformación fundamental del sistema común europeo de migración y asilo”, afirmó Morten Bødskov, ministro de Inmigración e Integración de Dinamarca.
El funcionario informó a los periodistas junto a sus homólogos de Alemania, Holanda, Austria y Grecia. Los cinco países han negociado con gobiernos, principalmente de África, sobre posibles ubicaciones, impulsando la iniciativa para el conjunto de la UE.
Grupos de derechos humanos han criticado los planes de deportar migrantes a centros o prisiones en terceros países, al argumentar que las naciones europeas no pueden garantizar que allí se respeten sus derechos.
Bødskov rechazó la idea de que los “centros de retorno” fueran un eufemismo de centros de detención y deportación, y señaló que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) supervisarían los centros.
“No hablamos de campamentos, hablamos de oportunidades, de una nueva oportunidad para los migrantes irregulares que hoy no pueden regresar a su propio país y que no tienen base legal para estar en nuestros países”, afirmó Bødskov.
La ACNUR dijo a The Associated Press que “no se le ha contactado con detalles de una propuesta de este tipo” y, por lo tanto, “no puede comentar sobre los arreglos específicos que se analizan ni sobre lo que podría implicar cualquier posible papel del ACNUR”.
La OIM dijo a la AP que no se había tomado ninguna decisión sobre el posible papel de la organización en los “centros de retorno”. “Las conversaciones siguen siendo exploratorias”, y la OIM solo había proporcionado “asesoramiento técnico a algunos Estados miembros de la UE sobre salvaguardas y consideraciones operativas”.
“Hemos subrayado de manera constante que cualquier iniciativa de este tipo debe cumplir con los marcos regulatorios y legales de la UE, proteger los derechos de los migrantes, respetar los intereses de los países socios y garantizar el acceso de las personas a soluciones significativas y sostenibles”, señaló un portavoz de la OIM en una declaración enviada por correo electrónico.
Los “centros de retorno” en el extranjero serían una primicia para la política migratoria de la UE
Aunque los ministros no especificaron qué terceros países se estaban considerando, Bødskov dijo que esperan alcanzar su primer acuerdo a principios de 2027.
Reconoció que el concepto de “centros de retorno” fue objeto de burlas hace apenas unos años y se consideraba incompatible con el derecho de la UE y el derecho internacional.
Sin embargo, las leyes de la UE han cambiado debido a la presión pública y política para aplicar medidas más duras contra la migración irregular.
Los legisladores europeos votaron en junio para permitir que los Estados miembros establezcan centros fuera de la UE por su cuenta o en pequeñas coaliciones, y envíen allí a solicitantes de asilo rechazados en lugar de retornarlos a sus países de origen.
“Esto es algo nuevo y es revolucionario”, afirmó Bart van den Brink, ministro de Asilo y Migración de Holanda.
Ruanda negocia con naciones europeas
A principios de agosto, una portavoz del gobierno de Ruanda dijo que “era natural” que su gobierno negociara con países europeos y otros para, potencialmente, acoger a solicitantes de asilo a quienes no se les permite vivir en otros lugares.
En declaraciones hechas a Royal FM Kigali, la portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo, citó un mecanismo de tránsito de emergencia establecido en Gashora en 2018 para personas evacuadas de Libia, que podían permanecer allí hasta ser reasentadas en terceros países.
Makolo explicó que una de las ideas discutidas era ofrecer un “lugar seguro” donde las personas que no tienen adónde ir pudieran recibir atención médica, capacitación y descanso mientras se tramitaban sus solicitudes de asilo, hasta que pudieran volver a casa si era seguro o ser reasentadas en otro país.
“Queremos ser parte de una solución a un gran problema global”, señaló.
Aún se ignora qué obtendrían a cambio los países que negocian con naciones de la UE por aceptar a los migrantes rechazados por Europa.
Aplicación de la ley fuera de la UE preocupa a grupos de derechos humanos
Grupos que defienden los derechos de los migrantes han criticado los esfuerzos europeos por establecer centros de migrantes en el extranjero, donde puede ser difícil supervisar y hacer valer los derechos humanos.
En una declaración enviada por correo electrónico, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, dijo que “las vagas garantías de cumplimiento de las leyes de derechos humanos no son suficientes”.
“Los Estados deben comprometerse con las barreras de protección necesarias para evitar la creación de agujeros negros de derechos humanos”, añadió.
Los ministros europeos en Copenhague enfatizaron que los nuevos centros cumplirían las leyes europeas e internacionales.
Van den Brink, el ministro holandés de inmigración, dijo que se utilizarían conversaciones técnicas y misiones a posibles países socios “para obtener más información sobre la situación de los derechos humanos y las condiciones de vida de los refugiados”.
“Porque queremos hacer esto de una manera europea, en línea con nuestros valores y con el derecho internacional y los derechos humanos como eje central”, afirmó.
El grupo de derechos PICUM, con sede en Bruselas, condenó la reunión en Copenhague.
“Los líderes de la UE pueden llamar a estos centros una ‘solución innovadora’, pero externalizar el control migratorio es una táctica antigua para simplemente sacar a las personas de la vista y eludir las obligaciones en materia de derechos humanos”, sostuvo Michele LeVoy, directora del organismo.
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Ciobanu informó desde Varsovia, Polonia, y Brito informó desde Barcelona, España. Philipp Jenne en Viena y Sam McNeil en Bruselas contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
