WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos le pidió el viernes a un tribunal de apelaciones que bloquee una investigación por desacato contra el gobierno del presidente Donald Trump por no hacer que aviones que transportaban a migrantes venezolanos a El Salvador regresaran en pleno vuelo a territorio estadounidense.
El departamento también intenta que el juez principal James Boasberg sea retirado del caso, acusándolo de emprender una “campaña radical, vengativa e inconstitucional” contra el gobierno de Trump.
Esto marca una drástica agudización en la prolongada disputa del Departamento de Justicia con el juez, quien fue nombrado al tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, y prepara el escenario para un enfrentamiento sobre la capacidad del poder judicial para fungir de control de un gobierno que ha puesto a prueba los límites de las órdenes judiciales.
El departamento le pidió al Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia que se pronuncie sobre sus solicitudes antes del lunes, cuando se tiene previsto que Boasberg escuche el testimonio de un exabogado del gobierno que presentó una denuncia de irregularidades.
Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones acordó suspender temporalmente la orden de Boasberg relacionada con el desacato. El panel, compuesto por dos jueces nominados por Trump y uno nominado por el presidente demócrata Joe Biden, indicó que su suspensión administrativa no es un fallo sobre los fundamentos de las solicitudes del gobierno. Pero arroja algunas dudas sobre si la audiencia del lunes procederá según lo planeado.
Funcionarios del departamento alegan que Boasberg es parcial y está creando “un circo que amenaza la separación de poderes y el privilegio (de confidencialidad) entre el abogado y su cliente”.
“La próxima audiencia tiene toda la apariencia de una expedición de pesca interminable enfocada en una lista cada vez más amplia de testigos y testimonios prolongados. Ese espectáculo no es un esfuerzo genuino para descubrir hechos relevantes”, escribieron.
Boasberg ha dicho que un fallo reciente del tribunal de apelaciones le concedió la autoridad para proceder con la investigación por desacato. El juez trata de determinar si hay pruebas suficientes para remitir el asunto para su enjuiciamiento.
Boasberg, quien ha sido juez presidente del tribunal de distrito en Washington, D.C., desde marzo de 2023, ha dicho que el gobierno de Trump podría haber “actuado de mala fe” al intentar apresurar la salida de migrantes venezolanos del país en desacato a su orden que bloqueaba su deportación a El Salvador.
En una orden del 16 de abril, el juez indicó que le dio al gobierno “amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones”, pero concluyó que “ninguna de las respuestas de ellos ha sido satisfactoria”.
“La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de una rama coordinada que han jurado defenderla”, escribió Boasberg.
El gobierno de Trump ha negado haber cometido cualquier violación, diciendo que la directriz emitida por el juez el 15 de marzo para que los aviones dieran vuelta y regresaran se hizo verbalmente en el tribunal, pero no se incluyó en su orden escrita.
Trump pidió en marzo que Boasberg sea sometido a un juicio político. En julio, el Departamento de Justicia presentó una queja por conducta inapropiada en la que se acusa a Boasberg de hacer comentarios públicos inapropiados sobre Trump y su gobierno.
En una publicación el viernes en redes sociales, la secretaria de Justicia Pam Bondi acusó a Boasberg de participar en un “activismo judicial ilegal”.
“Esta campaña radical, de represalia e inconstitucional contra el gobierno de Trump no prevalecerá”, escribió Bondi.
Boasberg programó una audiencia el lunes para el testimonio de Erez Reuveni, exabogado del Departamento de Justicia en cuya denuncia de irregularidades se afirma que un alto funcionario del departamento insinuó que el gobierno de Trump podría tener que ignorar las órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos.
El juez también programó una audiencia el martes para el testimonio de Drew Ensign, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia. Dicho departamento ha dicho que Ensign transmitió la orden verbal de Boasberg del 15 de marzo, y una orden escrita posterior al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
“Esta larga saga nunca debió haber comenzado; no debió haber continuado en absoluto después de la última intervención de este Tribunal, y ciertamente, no debió permitírsele que se agudizara hasta convertirse en el indecoroso e innecesario conflicto interinstitucional que ahora inminentemente presagia”, indicaron los funcionarios del departamento en la presentación judicial del viernes.
En una declaración escrita al tribunal, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que tomó la decisión de no ordenar que los aviones regresaran a Estados Unidos tras recibir “asesoramiento jurídico privilegiado” del abogado general interino del DHS y, “a través de él, de la alta dirección del Departamento de Justicia”.
Boasberg dijo que la declaración de Noem era “superficial”, e indicó que no le proporciona suficiente información para determinar si violó deliberadamente su orden del 15 de marzo.
El juez se negó el viernes a cancelar o retrasar las audiencias de la próxima semana.
“Para empezar, esta investigación no es un ejercicio académico”, escribió. “Aproximadamente 137 hombres fueron sacados de este país sin una audiencia y colocados en una prisión de alta seguridad en El Salvador, donde muchos sufrieron abusos y posible tortura, a pesar de la orden de este Tribunal de que no debía hacérseles desembarcar”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.