MIAMI (AP) — El principal fiscal del Departamento de Justicia en Miami está sopesando emprender investigaciones penales contra funcionarios del gobierno cubano, según personas al tanto del asunto, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump planteó la posibilidad de una “toma amistosa” de la isla.
Jason Reding Quiñones, el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, ha creado un “grupo de trabajo” —el cual incluye a fiscales federales y funcionarios de la DEA, y de otras agencias— para intentar desarrollar casos contra personas vinculadas al gobierno cubano y a su Partido Comunista, según una de las personas. Hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizadas a declarar públicamente sobre la iniciativa.
De momento no estaba claro a qué funcionarios cubanos apunta la oficina ni qué cargos penales podrían intentar presentar los fiscales.
El Departamento de Justicia señaló en un comunicado el viernes que “fiscales federales de todo el país trabajan todos los días para procurar justicia, lo que incluye esfuerzos para combatir el crimen transnacional”.
La iniciativa se desarrolla en el contexto de la postura cada vez más agresiva de Trump contra la dirigencia comunista del país caribeño.
Envalentonado por la captura por parte de Estados Unidos del expresidente venezolano Nicolás Maduro, estrecho aliado de Cuba, Trump afirmó el mes pasado que su gobierno sostenía conversaciones de alto nivel con funcionarios en La Habana para impulsar “una toma amistosa” del país. Repitió esas afirmaciones esta semana, y sostuvo que su atención volvería a centrarse en Cuba una vez que la guerra con Irán se vaya apaciguando.
“Están ansiosos de llegar a un acuerdo”, expresó Trump sobre la dirigencia cubana.
Aunque en las últimas décadas Cuba se ha desvanecido del radar de Washington como una gran amenaza para la seguridad nacional, sigue siendo una prioridad en la fiscalía federal en Miami, en cuya vida política, económica y cultural predominan los exiliados cubanoestadounidenses.
La oficina local del FBI cuenta con un grupo dedicado a Cuba, que en 2024 fue clave en el arresto de Victor Manuel Rocha, exembajador de Estados Unidos que fue acusado de haber sido agente secreto de La Habana desde la década de 1970.
En semanas recientes, varios republicanos de Miami, además del senador de Florida Rick Scott, han instado al gobierno de Trump a reabrir su investigación penal sobre el derribo de cuatro aviones operados por exiliados anticomunistas en 1996.
En una carta a Trump el 13 de febrero, algunos legisladores, entre ellos los representantes Maria Elvira Salazar y Carlos Gimenez, destacaron reportes periodísticos de hace décadas que indicaban que el expresidente Raúl Castro —jefe de las fuerzas armadas de Cuba en ese momento— dio la orden de derribar las aeronaves Cessna, que no portaban armas.
“Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este crimen atroz”, escribieron los legisladores. “Es hora de que sea llevado ante la justicia”.
Aunque no se ha anunciado ninguna acusación formal contra Castro, el fiscal general de Florida dijo esta semana que abriría una investigación a nivel estatal sobre el crimen.
El gobierno de Trump también ha acusado a Cuba de no cooperar con los empeños antiterroristas estadounidenses, y la ha añadido, junto con Corea del Norte e Irán, a un reducido grupo de naciones que Washington considera Estados patrocinadores del terrorismo.
La designación se deriva de que Cuba ha dado refugio a fugitivos de Estados Unidos, y de su negativa a extraditar a varios líderes rebeldes colombianos mientras participaban en conversaciones de paz con la nación sudamericana.
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Richer informó desde Washington.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.