Un juez federal falló el viernes que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump no puede bloquear, por ahora, el flujo de dinero federal destinado a subsidios para guarderías infantiles y otros programas diseñados para apoyar a niños necesitados y sus familias en cinco estados con gobiernos demócratas.
Los estados de California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York argumentaron que una política anunciada el martes para congelar miles de millones de dólares en fondos para tres programas de subvenciones está teniendo un impacto inmediato en ellos y creando un "caos operativo". En documentos judiciales y en una audiencia el viernes, los estados sostuvieron que el gobierno federal no tenía una razón legal para retener el dinero de esos estados.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos indicó que pausaría la financiación porque tenía "razones para creer" que los estados estaban otorgando prestaciones a personas que viven en el país ilegalmente, aunque no proporcionó evidencia ni explicó por qué estaba apuntando a esos estados y no a otros.
El juez federal de distrito Arun Subramanian, quien fue nominado para el cargo por el presidente Joe Biden, no falló sobre la legalidad del congelamiento de fondos, pero dijo que los cinco estados cumplieron con un umbral legal "para proteger el statu quo" durante al menos 14 días mientras se presentan argumentos en la corte.
Los funcionarios del departamento de salud no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.
Los programas afectados son el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, que subsidia guarderías para 1,3 millones de niños de familias de bajos ingresos; el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que proporciona asistencia en efectivo y capacitación laboral; y la Subvención en Bloque para Servicios Sociales, un fondo más pequeño que proporciona dinero para varios programas.
Los cinco estados dicen que reciben un total de más de 10.000 millones de dólares al año de los programas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien encabeza la demanda, dijo que el fallo es una “victoria crucial para las familias cuyas vidas han sido trastornadas por la crueldad de esta administración”.
El gobierno había solicitado una gran cantidad de datos de los cinco estados, incluidos los nombres y números de Seguro Social de todos los que recibieron asistencia de los programas desde 2022.
Los estados argumentan que tal intento es inconstitucional y pretende perseguir a los adversarios políticos de Trump en lugar de erradicar el fraude en los programas gubernamentales, algo que los estados dicen que ya hacen.
Jessica Ranucci, abogada de la oficina de James, declaró en la audiencia del viernes que al menos cuatro de los estados ya habían experimentado retrasos en la entrega del dinero después de solicitarlo. Expresó que, si los estados no pueden obtener fondos para el cuidado infantil, habrá una incertidumbre inmediata para los proveedores y las familias que dependen de los programas.
Kamika Shaw, abogada del gobierno federal, manifestó que, hasta donde ella sabe, el dinero no ha dejado de fluir hacia los estados.
Los otros 45 estados enfrentan un nuevo requisito de verificar la asistencia a los centros de cuidado infantil y presentar una "justificación sólida para el uso de los fondos" que vaya en consonancia con el propósito del programa.
Casi al mismo tiempo que el juez detuvo el congelamiento de los subsidios para el cuidado infantil, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció que el gobierno congelaría aproximadamente 130 millones de dólares al año en fondos de su agencia para Minnesota.
Rollins dijo que la incapacidad del estado para impedir fraudes llevó a la decisión. Setenta y ocho personas han sido acusadas desde 2022 —y 57 han sido declaradas culpables— después de que fiscales federales dijeron que el grupo sin fines de lucro Feeding Our Future, de Minnesota, robó 250 millones de dólares de un programa destinado a alimentar a niños necesitados durante la pandemia de COVID-19.
La oficina del gobernador de Minnesota, Tim Walz, no ofreció comentarios el viernes por la noche. El fiscal general del estado, Keith Ellison, indicó que recurrirá a la corte para enfrentar el nuevo congelamiento de fondos.
En una carta a Walz que Rollins compartió en redes sociales, ella planteó que el estado podría restablecer su acceso a los fondos proporcionando justificación de cómo gastó los dólares federales durante el último año. Todas las transacciones futuras del estado que involucren dinero de la agencia requerirán la misma justificación, señaló.
Walz y Minnesota se han convertido en un blanco principal del gobierno federal en el segundo mandato de Trump.
El mes pasado, el presidente llamó “basura” a la población somalí del estado, a raíz de la investigación a Feeding Our Futures y otros casos de fraude que involucran a somalíes acusados.
Y esta semana, el gobierno lanzó la mayor operación de control migratorio en la historia en Minneapolis, lo que derivó en que un agente de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas baleara de muerte a una mujer.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.