Un juez federal en Rhode Island ordenó el jueves al gobierno del presidente Donald Trump que encuentre los fondos para financiar en su totalidad los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus iniciales en inglés) durante todo el mes de noviembre.
En su fallo, el juez John J. McConnell Jr. fijó un plazo para que el gobierno realice los pagos a través del programa SNAP a más tardar el viernes. Sin embargo, es poco probable que los 42 millones de estadounidenses vean reflejado tan pronto el dinero en las tarjetas de débito que usan para comprar alimentos.
La orden fue en respuesta a la impugnación que presentaron ciudades y organizaciones sin fines de lucro, que se quejaron de que el gobierno únicamente se ofreció a cubrir el 65% del beneficio máximo.
“Los demandados no tomaron en cuenta las consecuencias prácticas relacionadas con esta decisión de únicamente financiar SNAP parcialmente", explicó McConnell. "Sabían que habría un largo retraso en el pago de los beneficios parciales de SNAP y no tomaron en cuenta los daños que sufrirían las personas que dependen de esos beneficios”.
El gobierno federal señaló el mes pasado que no pagaría ningún tipo de beneficios durante el mes de noviembre debido al cierre gubernamental. Dos jueces le ordenaron la semana pasada al gobierno cubrir por lo menos beneficios parciales mediante un fondo de emergencia. En un principio señaló que cubriría la mitad, pero ahora asegura que cubrirá el 65%.
Los demandantes quieren que los beneficios se financien en su totalidad.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señaló el mes pasado que no se pagarían los beneficios para noviembre debido al cierre del gobierno federal. Eso desató una carrera por parte de los bancos de alimentos, gobiernos estatales y los casi 42 millones de estadounidenses que reciben la asistencia para encontrar la manera de garantizar el acceso a los alimentos.
El programa brinda asistencia a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses y es una pieza vital de la red de seguridad social de la nación. Su financiamiento a nivel nacional cuesta más de 8.000 millones de dólares al mes.
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Los periodistas de Associated Press Sara Cline, en Baton Rouge, Luisiana; Susan Haigh en Hartford, Connecticut; y Gary Robertson en Raleigh, Carolina del Norte, contribuyeron con este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.