MIAMI (AP) — El gobierno de Estados Unidos emplea a una considerable plantilla laboral de 150 venezolanos y gasta más de 6,7 millones de dólares anuales en el mantenimiento de la embajada, actualmente cerrada, y otras propiedades diplomáticas en Caracas, a pesar de haber roto relaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2019, según un nuevo informe de un organismo interno de control.
En el informe, publicado el viernes por la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado, se critica a los funcionarios estadounidenses por no realizar un análisis de costo-beneficio requerido para determinar si los contribuyentes deberían seguir pagando por la seguridad, operaciones y mantenimiento del complejo de la embajada, que comprende 10,9 hectáreas (27 acres) y cinco residencias que ya no albergan a diplomáticos estadounidenses.
El gobierno del presidente Donald Trump ha enfatizado los esfuerzos de reducción de costos en todo el gobierno y ha reformulado la política exterior de Estados Unidos, lo que incluyo un ataque militar contra una lancha frente a la costa venezolana, que transformó las incautaciones de drogas en el mar y aumentó las tensiones con el gobierno de la nación sudamericana.
En su primer mandato, Trump rompió lazos con Maduro y reconoció a un opositor como gobernante legítimo de Venezuela, en un intento fallido de expulsar del poder al mandatario socialista. Como parte de la ruptura de relaciones, el Departamento de Estado suspendió en marzo de 2019 las operaciones en su embajada en Caracas y evacuó a todos los diplomáticos, temiendo una toma del complejo, el cual está situado sobre una colina.
Trabajo de la embajada de Estados Unidos que se mantiene en Venezuela
Siempre se supo que un contingente de venezolanos empleados por el Departamento de Estado se quedó para promover los intereses de Estados Unidos, y las relaciones entre ambos gobiernos nunca cesaron por completo, aunque son externamente hostiles. No se ha divulgado el tamaño de esa misión ni un recuento de su trabajo tras bambalinas.
Aunque se centra en el cumplimiento de las políticas de Estados Unidos, el informe del inspector general proporciona una rara visión de ese sensible trabajo, gran parte del cual es arriesgado, dados los antecedentes del gobierno de Maduro de encarcelar a estadounidenses, opositores y, a veces, a venezolanos comunes acusados de conspirar con los “imperialistas” estadounidenses.
Las relaciones se han deteriorado aún más debido a la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y al ataque contra la lancha, la cual, según el gobierno estadounidense, era pilotada por miembros de pandillas de narcotraficantes.
“No es una mala idea tener operaciones mínimas básicas en la embajada”, dijo Geoff Ramsey, analista sénior sobre Venezuela en el Atlantic Council de Washington. “Si alguna vez se restauran las relaciones, es importante que tengamos un equipo en el terreno listo para impulsar la relación. Pero si gastamos millones de dólares sólo para mantener algunos edificios vacíos sin un final a la vista, creo que es justo cuestionar el costo”.
El organismo de vigilancia critica partes de la misión en Venezuela
El informe de 28 páginas se basó en una inspección, realizada este año, de la llamada Unidad de Asuntos de Venezuela, que se gestiona desde una estrecha sala que se utilizaba como lugar de entrenamiento y se conoce como “el submarino”, en la embajada estadounidense en la vecina Colombia.
Inicialmente, la oficina contaba con 10 diplomáticos estadounidenses como una forma provisional de gestionar las relaciones con el gobierno de Maduro, con la esperanza de allanar el camino para su rápida sustitución por un gobierno alineado con Estados Unidos.
Desde entonces, el número de empleados que trabajan en la misión remota aumentó a 21, dijo el organismo de vigilancia, y añadió que no pudo encontrar pruebas de que el Departamento de Estado realizara una revisión para justificar el aumento de personal.
Hasta enero, la unidad estuvo dirigida por el diplomático de carrera Francisco Palmieri, quien también fungió como el principal diplomático estadounidense en Colombia, en un momento en que Estados Unidos carecía de un embajador en cualquiera de los dos países.
El doble papel de encabezar en Colombia una de las embajadas más grandes de Estados Unidos en el extranjero mientras dirigía una misión remota altamente inusual, afectó negativamente a la Unidad de Asuntos de Venezuela, según el informe. En él se menciona la dificultad que enfrentó Palmieri al revisar todos los cables diplomáticos sensibles y participar en reuniones de apoyo a conversaciones secretas con funcionarios de Maduro.
Gran parte del trabajo de la unidad parece estar respaldado por 150 empleados locales en Venezuela. Aparentemente, al menos algunos de ellos trabajan desde el propio complejo de la embajada, según el informe, en el que se encontraron casos de renovaciones no autorizadas en dos edificios de la embajada.
Después de retirar la bandera de Estados Unidos de la embajada, Washington llegó a un acuerdo con Suiza para que fuera “potencia protectora” del complejo diplomático. El presupuesto anual total para sustentar las operaciones en Caracas, incluyendo el pago al personal local, asciende a 10,5 millones de dólares.
El gobierno de Estados Unidos rutinariamente mantiene personal local o nombra a un tercer país como potencia protectora para ayudar a mantener propiedades gubernamentales abandonadas, como lo hizo en Siria cuando cerró su embajada al inicio de la guerra civil en 2012, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.
En la inspección, que concluyó en marzo, se elogiaron varias iniciativas de la Unidad de Asuntos de Venezuela, como el establecimiento de un canal de WhatsApp que promovía contenido que llegaba a 144.000 personas mensualmente.
Sin embargo, el organismo de vigilancia también emitió siete recomendaciones para reforzar el cumplimiento de las políticas del Departamento de Estado en temas que van desde la gestión de residencias diplomáticas y niveles de personal hasta el uso adecuado de una flotilla de vehículos y software basado en la nube por parte del personal en Caracas.
Las reglas exigen que las embajadas de Estados Unidos identifiquen cada año cualquier propiedad excedente que no esté siendo completamente utilizada o cuyo mantenimiento ya no tenga sentido económico. En Venezuela, Estados Unidos posee cinco propiedades, incluida la residencia del embajador, la casa del jefe adjunto de misión y tres apartamentos.
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El periodista de The Associated Press Matthew Lee contribuyó a este despacho desde Washington.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.