WASHINGTON (AP) — Byron Donalds, un congresista republicano que se postula para gobernador de Florida, anunció el lunes una legislación destinada a evitar que los centros de datos de inteligencia artificial disparen los costos de los servicios públicos, la señal más reciente de una reacción política contra la nueva tecnología.
La propuesta, si el Congreso la aprueba, exigiría que los centros de datos obtengan todas sus necesidades de electricidad y agua de fuentes privadas, en lugar de la red eléctrica o los sistemas públicos de agua. La idea coincide con una iniciativa anterior y voluntaria del presidente Donald Trump.
“Si hablas con estos tipos que están construyendo estos centros de datos, si eso significa que tienen que asumir los costos de los servicios públicos, están más que dispuestos a hacerlo", declaró Donalds en una entrevista con The Associated Press. "Les conviene asegurarse de que podamos construir estos centros, y creo que la manera de abordar y mitigar las preocupaciones que tiene la gente es simplemente garantizar que sus facturas de servicios públicos no suban en el proceso”.
La propuesta de Donalds es llamativa al provenir de un candidato respaldado por comités de acción política favorables a la IA y por Trump. La legislación llega en medio de una rápida expansión nacional de centros de datos para satisfacer la creciente demanda de sistemas de inteligencia artificial. Las grandes firmas tecnológicas en el corazón del auge de la IA se han convertido rápidamente en algunas de las empresas más valiosas y observadas del mundo, mientras el gobierno de Trump se ha alineado con los principales actores de la industria.
Varias grandes empresas tecnológicas que desarrollan infraestructura de IA se han comprometido en acuerdos con el gobierno de Trump a cubrir los gastos de construir nuevas fuentes de energía, en lugar de trasladar la carga a los hogares residenciales. Pero, dada la esperada alza de la demanda, no está claro si el acuerdo voluntario se podrá implementar.
El ritmo frenético de la construcción y lo mucho que está en juego con la tecnología han despertado inquietud entre muchos estadounidenses. En Florida, más de 20 condados y municipios han votado para rechazar la construcción de grandes centros de datos, mientras que otros han prohibido su construcción por al menos un año. Residentes y líderes locales suelen citar como principales motivos de las pausas la preocupación por el aumento de las facturas de servicios públicos, la alteración de las comunidades locales y el daño ambiental.
“Estas empresas han ido un paso por detrás y no se dieron cuenta de lo rápido que el terreno se estaba moviendo bajo sus pies", indicó Matt Gorman, estratega republican. Añadió que tanto activistas climáticos progresistas como populistas conservadores se han aferrado al tema de los centros de datos, lo que obliga a las firmas tecnológicas a “contar una mejor historia” y atender preocupaciones de todo el espectro político.
“Esto es un esfuerzo total", señaló Gorman. "Si no cuentas esa historia, los legisladores de ambos partidos van a imponértela”.
Donalds se postula para suceder al gobernador Ron DeSantis, también republicano, quien firmó en mayo una legislación que exigía que los centros de datos a gran escala pagaran por completo sus propios costos de energía y agua. Donalds dijo que, si resulta elegido gobernador, se enfocará en mejorar la eficiencia de los centros de datos y en alejar las instalaciones de los centros de población.
“Solo queremos asegurarnos de que, si se llegan a construir, se construyan de manera eficiente, protegiendo a los usuarios que pagan las tarifas y protegiendo el agua de Florida", apuntó Donalds. "La verdadera pregunta de política pública para el país y para los estados es cómo vamos a generar energía base para las futuras demandas ya sea para centros de datos hiperescalables o para cualquier otra cosa”.
James Fishback, un candidato republicano de extrema derecha a gobernador, ha convertido la oposición a los centros de datos en el eje de su desafío en las primarias contra Donalds. Y David Jolly, excongresista y el principal candidato demócrata a gobernador, pidió este mes una moratoria a la construcción de centros de datos.
Travis Fisher, investigador del Instituto Cato, explicó que las empresas que cotizan en bolsa suelen presionar para obtener los mejores acuerdos para acceder a los servicios públicos. Sostuvo que cualquier disposición a asumir una factura mayor por energía y agua refleja la presión política que enfrentan las firmas tecnológicas.
“Tienen muchísimo miedo de perder su licencia social para operar, como si básicamente fueran a ser expulsados de la ciudad o ilegalizados”, manifestó Fisher.
__________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
