DALLAS (AP) — Un jurado federal declaró culpables a ocho personas el viernes de cargos de terrorismo relacionados con un tiroteo en una instalación migratoria en Texas que los fiscales federales vincularon con antifa, el movimiento descentralizado de extrema izquierda que se ha convertido en un blanco del gobierno del presidente Donald Trump.
Una persona también fue declarada culpable de intento de asesinato después de que, según los fiscales, abriera fuego el verano pasado afuera del Centro de Detención Prairieland, en las afueras de Fort Worth, e hiriera a un agente de policía. El Departamento de Justicia calificó la violencia como un ataque planeado por operativos de antifa —una abreviación de antifascismo—, pero los abogados de los acusados negaron esa caracterización, al afirmar que no había vínculos con antifa y que se trató simplemente de una manifestación con fuegos artificiales antes de que se desataran los balazos.
El juez federal de distrito Mark Pittman, designado por Trump, presidió el juicio de casi tres semanas en Fort Worth. Expertos jurídicos y críticos siguieron de cerca el proceso, y lo consideraron una prueba de hasta dónde puede llegar el gobierno para castigar a manifestantes.
El director del FBI, Kash Patel, había dicho que es la primera vez que se aplican cargos de proporcionar apoyo material a terroristas a personas acusadas de ser miembros de antifa.
“El veredicto de hoy por cargos de terrorismo no será el último, a medida que el gobierno de Trump desmantela sistemáticamente a antifa y finalmente detiene su violencia en las calles de Estados Unidos”, declaró la secretaria de Justicia, Pam Bondi.
Antifa no es una sola organización, sino más bien un término genérico para grupos de extrema izquierda que confrontan o se resisten a neonazis y supremacistas blancos en manifestaciones.
Los manifestantes negaron tener vínculos con antifa
Los abogados defensores le dijeron al jurado que no existía un plan para cometer actos de violencia el 4 de julio afuera de la instalación en la localidad de Alvarado.
En total, hubo nueve acusados en el juicio, ocho de los cuales enfrentaban el cargo de proporcionar apoyo material a terroristas, entre otros cargos. El noveno acusado, Daniel Sanchez Estrada, fue imputado de ocultar de manera corrupta un documento y de asociación delictuosa para ocultar documentos. Fue declarado culpable de ambos.
El abogado de Sanchez Estrada, Christopher Weinbel, dijo que no puede creer que los jurados “llegaran a esta conclusión”. Weinbel señaló que el Ejército lo emplazó varias veces en defensa de Estados Unidos y que había albergado esperanzas de que lo que él sacrificó “significara algo”.
“Pero siento que con esto le dio la espalda a la justicia... Estados Unidos perdió hoy con este veredicto”, manifestó Weinbel.
Durante los alegatos finales, el fiscal Shawn Smith le dijo al jurado que las acciones del grupo —entre ellas llevar armas de fuego, botiquines de primeros auxilios y usar chalecos antibalas— eran señales de que tenían una intención nefasta. Sostuvo que practicaban “tácticas antifa” y que estaban “obsesionados con la seguridad operativa”.
Los abogados de los acusados han dicho que no hubo una emboscada planificada, y que los manifestantes que llevaron armas de fuego lo hicieron únicamente para su propia protección.
El caso sin precedentes pone a prueba los derechos garantizados por la Primera Enmienda
Los cargos de terrorismo siguieron a la orden de Trump el otoño pasado de designar a antifa como una organización terrorista nacional. Esos cargos no requerían que se tuviera un vínculo con ninguna organización, y no existe un equivalente nacional a la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras. Esto se debe en parte a que las organizaciones que operan dentro de Estados Unidos están protegidas por amplios derechos garantizados por la Primera Enmienda constitucional.
Críticos del caso del Departamento de Justicia han dicho que el resultado podría tener efectos de amplio alcance sobre las protestas.
“Esa oposición es algo que el gobierno quiere aplastar, así que un caso como este ayuda al gobierno a ver hasta dónde puede llegar al criminalizar protestas protegidas constitucionalmente, y también le ayuda a intimidar, a incrementar el miedo, con la esperanza de que la gente en otras ciudades entonces lo piense dos veces antes de protestar”, manifestó Suzanne Adely, presidenta interina del National Lawyers Guild, un grupo jurídico progresista.
El juicio se centró en los disparos afuera del centro de detención
Los abogados de los acusados han dicho que la mayoría de los manifestantes comenzaron a irse cuando dos guardias del centro salieron al exterior. Eso ocurrió antes de que se efectuara cualquier disparo.
Los fiscales indicaron que Benjamin Song, un exreservista del Cuerpo de la Infantería de Marina, gritó “vayan a los fusiles” y abrió fuego, alcanzando a un agente de policía que acababa de llegar al centro.
Aunque fue Song quien abrió fuego, los fiscales también acusaron a varios otros manifestantes de intento de asesinato de un agente y de disparar un arma de fuego, pero fueron declarados inocentes. La fiscalía había argumentado que, a partir de la planificación del grupo, era evidente para esos otros que pudiera ocurrir un tiroteo.
El agente que recibió el disparo, el teniente Thomas Gross de la policía de Alvarado, testificó que, al acudir a la escena, vio a una persona vestida completamente de negro, con el rostro cubierto y portando un fusil. Le dijo al jurado que le dispararon con un proyectil que entró por su hombro y salió por su cuello.
El abogado de Song, Phillip Hayes, le dijo al jurado durante los alegatos finales que no hubo un llamado a las armas antes de que Gross llegara a la escena y desenfundara su arma de fuego de manera “agresiva”. Hayes planteó que los disparos de Song fueron “fuego de supresión”, y que la bala que rebotó fue la que impactó al agente.
Antes del juicio, varias personas se declararon culpables de proporcionar apoyo material a terroristas tras ser acusadas de respaldar a antifa. Enfrentan hasta 15 años de prisión.
Algunas de ellas testificaron para la fiscalía, incluido Seth Sikes, quien dijo que fue al centro de detención porque quería llevar algo de alegría a quienes estaban retenidos dentro.
“Sentí que estaba haciendo lo correcto”, expresó.
___
El periodista de The Associated Press Jim Vertuno contribuyó desde Austin, Texas.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.