WASHINGTON (AP) — Familiares de dos ciudadanos trinitenses que perdieron la vida en uno de los ataques a embarcaciones realizado por el gobierno del presidente Donald Trump en octubre pasado interpusieron el martes una demanda en la que aseguran que el atentado fue un crimen de guerra y parte de una "campaña militar estadounidense sin precedentes y abiertamente ilegal".
La demanda sería el primer caso de muerte por negligencia como resultado de los más de 30 ataques realizados por Washington desde septiembre pasado en contra de embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico. La denuncia pondrá a prueba la justificación legal del gobierno de Trump para llevar a cabo los ataques, que aseguran fueron necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Muchos expertos, sin embargo, afirman que la campaña equivale a una flagrante violación a las leyes de conflicto armado.
La demanda refleja muchas de las preocupaciones frecuentes sobre la campaña contra las embarcaciones, indicando, por ejemplo, que fue realizada sin la autorización del Congreso y en un momento en que no hay conflicto militar entre Estados Unidos y los cárteles del narcotráfico, lo que podría justificar los ataques en virtud de las leyes de guerra.
"Estas muertes premeditadas e intencionales carecen de cualquier justificación legal plausible. Por lo tanto, fueron simples asesinatos ordenados por individuos en los niveles más altos del gobierno y que oficiales militares en la cadena de mando obedecieron", dice la demanda.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, sostuvo en un comunicado que el ataque "se llevó a cabo contra narcoterroristas designados que traían veneno mortal a nuestras costas".
"El presidente Trump utilizó su autoridad legal para tomar medidas decisivas contra el flagelo de los narcóticos ilícitos que ha resultado en la muerte innecesaria de estadounidenses inocentes", afirmó Kelly.
La demanda fue presentada por la madre de Chad Joseph y la hermana de Rishi Samaroo, dos ciudadanos trinitenses que estaban entre las seis personas que perdieron la vida en el ataque con misiles del 14 de octubre contra una embarcación que viajaba de Venezuela rumbo a Trinidad. Los hombres no pertenecían a ningún cártel del narcotráfico, asegura la demanda, sino que habían estado pescando en frente a la costa venezolana y regresaban a sus hogares en Trinidad y Tobago.
Ambos habían conseguido un viaje de regreso a Las Cuevas, la comunidad pesquera de donde eran originarios, a bordo de una lancha que fue blanco de un ataque que Trump anunció en redes sociales.
"Estos asesinatos fueron injustos porque ocurrieron fuera de un conflicto armado y en circunstancias en las que el señor Joseph y el señor Samaroo no estaban involucrados en actividades que presentaran una amenaza concreta, específica e inminente de muerte o lesión física grave, y donde había medios distintos a la fuerza letal que podrían haberse empleado razonablemente para neutralizar cualquier amenaza de este tipo", afirma la demanda.
La demanda es la primera en impugnar la legalidad de los ataques en los tribunales, según Jen Nessel, portavoz del Centro para los Derechos Constitucionales, cuyos abogados son parte de un equipo que presentó el caso. Nessel informó en un correo electrónico que el centro también ha hecho una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información para obtener cualquier información sobre la justificación legal para los bombardeos.
Jeffrey Stein, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, que también presentó la demanda, dijo a los periodistas que la demanda busca daños compensatorios y punitivos que pueden determinarse después de un juicio.
"No creemos que sea algo a lo que podamos ponerle una cantidad exacta en dólares", señaló Stein. "Pero estamos buscando una compensación que pueda contribuir de alguna manera a lograr justicia por estos atroces abusos de poder realmente".
La demanda también busca prevenir ataques futuros, sostuvo Stein, con la esperanza de que un tribunal estadounidense rechace las afirmaciones del gobierno de Trump "francamente absurdas sobre su autoridad para llevar a cabo este tipo de ataques ilegales".
La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Massachusetts. Hace mención de la Ley de Muerte en Alta Mar que, según los abogados, permite casos de muerte por negligencia en situaciones como esta, así como el Estatuto de Agravios a Extranjeros, que permite a los ciudadanos extranjeros interponer una demanda en un tribunal federal por presuntas violaciones de derechos humanos.
El número de muertos por los ataques asciende ahora al menos a 126, con la inclusión de aquellos que se presume muertos después de extraviarse en altamar, confirmó el lunes el ejército de Estados Unidos. La cifra incluye a 116 personas que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques llevados a cabo desde principios de septiembre, y otras 10 que se presume perdieron la vida al no haber sido localizadas tras el ataque.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.