LA PAZ, Bolivia (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas cuestionaron el viernes la decisión de la justicia boliviana de anular los juicios contra policías y militares por la represión de las protestas de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
En un comunicado ambos organismos dijeron que a la decisión de dos tribunales bolivianos de declarar la nulidad del juicio a la expresidenta Jeanine Áñez para que sea juzgada en un juicio político —que también favoreció a uniformados procesados por la muerte de 20 manifestantes— implica un “riesgo de impunidad”.
“Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas”, señalaron ambos organismos en un comunicado.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, respaldó en una conferencia de prensa la postura de los organismos internacionales y aseguró que el gobierno boliviano considera que es un “nefasto precedente la decisión de los tribunales”.
El comunicado se refiere a los casos conocidos como Senkata y Sacaba.
En Senkata, un barrio en la ciudad de El Alto, cercana a La Paz, murieron 10 manifestantes tras un operativo militar que buscó despejar una planta de gas que pretendía ser tomada.
En tanto en Sacaba, una ciudad de Cochabamba, militares y policías se enfrentaron con los seguidores de Morales y hubo otros 10 manifestantes muertos.
En ambos hechos se comprobó el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas del orden y “ejecuciones sumarias”, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conformado a instancias de la CIDH, presentado en 2021.
Las protestas siguieron a la crisis desatada luego de las elecciones presidenciales en las que Morales se adjudicó un nuevo mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El informe de los expertos señaló que en las protestas fallecieron 37 personas en todos el país y responsabilizó a los gobiernos de Morales y Áñez.
Añez está encarcelada desde marzo de 2021 en La Paz y espera la decisión del Tribunal Supremo de Justicia para que todas las causas en su contra se traten en un juicio político que a su vez debe ser aprobado por dos tercios del Congreso.